Después de siete años del PP en el Gobierno, el PSOE llegó al poder con una inmensa carpeta de iniciativas legislativas, sobre todo de carácter social. De hecho, uno de sus primeros decretos fue devolver la sanidad pública a los inmigrantes sin permiso para trabajar o residir en España. Se aprobó, sí. Pero ahora el Parlamento está tramitando el reglamento, que aún no ha visto la luz. No es la única iniciativa gubernamental que podría quedarse en punto muerto en caso de que el presidente finiquite la legislatura y convoque elecciones generales. Pedro Sánchez -en principio- confirmará el viernes la fecha de los comicios, que podrían ser el 14 o el 28 de abril. Si decidiera retrasarlas hasta otoño, ganaría unos meses para dar luz verde a algunas medidas o desatascarlas en el Congreso. Si no las retrasa, el propósito del Gobierno es aprobar varios decretos ley, que podrían ser convalidados por la Diputación permanente del Congreso aunque las Cortes se hayan disuelto.
Igualdad e infancia
El Gobierno aprobó en agosto un decreto ley para poner en marcha las medidas del pacto contra la violencia machista que consideraba más urgente: la devolución de las competencias a los ayuntamientos, que no haga falta denunciar para recibir ayudas y que los hijos de maltratadores no necesiten el permiso de su padre para recibir ayuda psicológica. Pero el adelanto electoral llegará cuando los grupos parlamentarios ultimaban la ampliación de la ley integral para incorporar otras muchas medidas del pacto. El gabinete de Sánchez lleva trabajando meses en una ley específica contra la trata de personas con fines de explotación sexual, que también decaerá con el previsible adelanto electoral, igual que las normas para acabar con la brecha salarial y para fomentar la igualdad laboral, por mucho que esta última se había aceptado tramitar por vía de urgencia.
Como reacción a la polémica sentencia de ‘la manada’, el Gobierno trabajaba además en la reforma del Código Penal para aglutinar todas las violaciones en un único delito, agravar las penas y que el consentimiento de la víctima determine si es o no delito. La comisión de codificación del Ministerio de Justicia había emitido su dictamen pero el Consejo de Ministros no ha aprobado el cambio ni siquiera en primera vuelta. Sí estudió el pasado diciembre el anteproyecto de protección a la infancia, el más pionero contra el maltrato infantil de la UE y que eleva hasta los 30 años el plazo a partir del cual comienza a contar la prescripción. Salvo que apruebe algo de su contenido vía decreto, también se quedará en un cajón, por mucho consenso que despierte.
Sanidad y Consumo
En materia de Sanidad, el Gobierno devolvió la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, si bien el reglamento que lo desarrolla no ha visto la luz, lo que ha provocado algunos fallos. El posible adelanto electoral también tira por tierra el novedoso plan contra el suicidio. También se queda en el tintero restringir la publicidad del juego y las apuestas, con normas similares a las del tabaco o el alcohol. Y aunque ya está en el Senado, con unas elecciones en abril no daría tiempo a aprobar la ley de muerte digna, que garantiza los cuidados paliativos ni mucho menos la regulación de la eutanasia.
Ley de Educación
Desde que fue nombrada ministra de Educación, Isabel Celaá tuvo un objetivo prioritario: derogar la "dañina" LOMCE, conocida como 'ley Wert'. La norma socialista pretendía eliminar definitivamente las reválidas y también los itinerarios, que implicaban a los alumnos decidir en 4º de la ESO su camino escolar en función de las asignaturas. La ley del PSOE organizaba la Educación Primaria en tres ciclos y declaraba la guerra a la repetición de curso, contemplada solo como la última opción. El PSOE decidió que Religión se siguiera ofreciendo en las escuelas, pero sin contar para nota y sin asignatura espejo alternativa. El texto contemplaba una asignatura de valores cívicos y éticos y admitía la posibilidad de acceder al título de Bachillerato con un suspenso (uno solo). En el caso de las autonomías con lengua cooficial, el porcentaje de competencias del Estado iba a ser del 55% (65% en el caso de los territorios sin lengua propia). El proyecto de ley se aprueba el viernes en el Consejo de Ministros e iniciará la tramitación parlamentaria. Eso en teoría, porque el adelanto electoral la dejaría en barbecho.
Tráfico y Fomento
El adelanto electoral cercenaría casi toda la nueva política de seguridad vial emprendida por el director general de Tráfico, Pere Navarro. La reforma que aumentaría de tres a seis puntos la penalización por conducir manipulando el teléfono móvil, la regulación del uso de los patinetes en las ciudades y la limitación de la velocidad a un máximo de 30 km/h las calles de un solo carril, no podrían ser aprobadas. Estaba prevista su entrada en vigor hacia el mes de junio. En el departamento de Fomento las inversiones para mejorar las Cercanías de Cataluña y la red ferroviaria de Extremadura tendrían que esperar.
Alquiler
También podría estar en peligro la recuperación del decreto ley que alarga la duración mínima de los contratos de alquiler de tres a cinco años. Fue tumbado por el Congreso porque Podemos no lo apoyó al no incluir la limitación de precios en la zonas más afectadas por la burbuja, pero la negociación para recuperarlo introduciendo esta demanda ya había comenzado. La duda es si dará tiempo a volver a llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros y que luego pueda convalidarlo en Congreso.
Transición ecológica
Quizás una de los terrenos en que más afectará el parón electoral es el de la Transición Ecológica, imprescindible para cumplir los Acuerdos de París contra el cambio Climático. El anteproyecto de ley de Cambio Climático que el Gobierno iba a aprobar próximamente Consejo de Ministros y que ahora quedará en un cajón incluye la estrategia para bajar las emisiones de efecto invernadero un 20% respecto al año 1990 como nos exige la Unión Europea. El aumento de las energía renovables hasta un 70% de la generación eléctrica y la el veto a los vehículos diésel y de gasolina a partir de 2040 eran dos de sus claves.
Más allá de esto, hay decenas de iniciativas puestas en marcha que se quedarán sin ejecutar o, por lo menos correrán ese peligro si el Ejecutivo no las acelera: la reforma de la ley de residuos radiactivos (caducada desde hace diez años), el destino del cementerio nuclear (actualmente paralizado), las nuevas medidas para abaratar la tarifa eléctrica y luchar contra la pobreza energética, la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (con el mandato de cuatro de sus miembros caducado y en manos del sector pronuclear), la equiparación progresiva del impuesto al diésel al de la gasolina, el reglamento de autoconsumo eléctrico, y los planes de ayuda a la compra del vehículo eléctrico y a la renovación del parque automovilístico.
Guerra contra las pseudoterapias
Con el objetivo de “proteger la salud” de los ciudadanos, los ministerios de Sanidad y Ciencia presentaron en noviembre un ambicioso plan contra las pseudoterapias con bastantes tentáculos legales. Todavía no se ha aprobado. Y eso que tenía medidas de impacto, como el hecho de que ningún centro sanitario público ni privado podría ofertar terapias que no estén científicamente comprobadas (el reiki y la acupuntura, por ejemplo, aunque el listado oficial incluye más de cien). El plan también contemplaba la persecución de la publicidad engañosa y la promoción de una campaña informativa para que a los ciudadanos les quede muy claro qué es ciencia y qué no lo es.
Concertinas
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció una medida social que todavía no se ha llevado a cabo: la retirada de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y su sustitución por un sistema menos lesivo.
Reforma 'ley mordaza'
La ponencia encargada de estudiar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza' por sus detractores, empezó en noviembre del 2018 con la discusión de las más de 200 enmiendas interpuestas por los grupos parlamentarios. Un adelanto electoral dejaría también el cambio en el tintero. entre otras cosas, se proponía no sancionar las concentraciones pacíficas frente al Congreso de los Diputados.
TEMAS:
