La huelga general convocada por el soberanismo consiguió al menos sacudir la economía catalana ayer. La gran capacidad de movilización del independentismo y su masiva presencia en las calles y demás arterias viarias paralizaron parte de la actividad económica. Tuvo especial incidencia en los núcleos logísticos del extrarradio de Barcelona, así como en el comercio de los barrios más céntricos, y un seguimiento masivo en las universidades, notable entre los funcionarios y los educadores del sector público y con pocas afectaciones en la industria.

El consumo energético, el indicador habitualmente utilizado para medir la dimensión de los paros, acabó revelando una menor incidencia que en grandes citas anteriores, como la huelga general del 3 de octubre del 2017, dos días después del referéndum del 1-O. Entonces el descenso en el gasto energético fue del 10,5% y ayer la Generalitat lo acabó tasando en el 7,5%.

El músculo sindical de las centrales convocantes, la Intersindical-CSC y la IAC, se halla sobre todo en el sector público. Allí el seguimiento fue notable, con el 42% de los docentes del sector público que secundaron los paros, el 35% de los funcionarios de la Generalitat y un más discreto 20% de los sanitarios del sector público.

En los transportes de Barcelona, el número de viajeros bajó el 50% en el metro, el 47,6% en los ferrocarriles y el 40% en los tranvías. En El Prat se cancelaron un total de 58 vuelos.