El independentismo volvió a unir fuerzas ayer en las calles de Cataluña pero no logró paralizar la economía catalana como se propuso. La huelga general, convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC y abrazada por el Govern y partidos y entidades soberanistas, se visibilizó a lo largo del día en el centro de Barcelona y dificultó la circulación en carreteras y autopistas con los cortes matutinos de los Comités de Defensa de la República (CDR). Pero el transporte público apenas se vio afectado y, según datos ofrecidos por la Generalitat, el paro no superó el 30% de seguimiento en sectores como escuelas e institutos, comercio y función pública. El ámbito en el que aglutinaron más apoyos, como suele ser habitual, fue en las universidades, con un seguimiento del 67%. Tiendas y paradas abrieron, aunque la afluencia de consumidores fue menor que en un día cuotidiano. Los datos de consumo energético registraron un descenso del 3,7% respecto al anterior.

Fuentes de la Intersindical-CSC reconocen que las cifras son inferiores a las registradas en la huelga del 3 de octubre del 2017, dos días después de la celebración del referéndum, pero las tacharon de «éxito», al haber superado los porcentajes de la convocatoria contigua, la del 8 de noviembre.

El independentismo repitió el guion de otras movilizaciones en un nuevo episodio del procés: el juicio. Pese a que la central convocante y el sindicato mayoritario de enseñanza USTEC, hayan insistido en que el argumentario de la jornada se centraba en un clamor por la derogación de la reforma laboral que cumple siete años, las calles se tiñeron de estelades y lazos amarillos sostenidos al aire, acompañados por gritos contra la vista en el Tribunal Supremo y en favor de la excarcelación de nueves de los doce acusados. De hecho, hicieron coincidir la convocatoria con el arranque del juicio, ya que el paro se registró para el 7 de febrero pero se aplazó para adaptarlo al calendario del alto tribunal.

Los huelguistas se conjuraron al mediodía en la plaza de Universitat -de forma simultánea en las capitales de comarca-, en una marcha laboral y estudiantil que recorrió el centro de la ciudad. Unas 500 personas se escindieron del recorrido y ocuparon las vías del tren en la estación de plaza de Catalunya. La diputada de la CUP, Maria Sirvent, medió con las dotaciones de Mossos d’Esquadra y los manifestantes terminaron abandonando el perímetro. Los agentes recularon y, en el paseo de Gràcia, cargaron contra los concentrados después de que algunos lanzaran objetos contra el cordón policial.

CUATRO DETENIDOS / Pese a que se interrumpió la circulación cerca de tres horas en este punto, Rodalies y Ferrocarriles Catalanes de la Generalitat se ciñieron a los servicios mínimos decretados y el funcionamiento tanto del metro como de los autobuses gestionados por TMB apenas se vio afectado. Por la tarde, unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana -200.000 a ojos de los organizadores-, se manifestaron por el paseo de Gracia bajo el lema sin derechos no hay libertades.

La jornada se saldó con cuatro detenidos en toda Cataluña, principalmente por los cortes de carretera acusados de atentado a la autoridad, y tanto los anticapitalistas como los CDR volvieron a pedir el cese de Miquel Buch al frente de la Consejería de Interior.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se desentendieron, al no creerse que la coincidencia de la convocatoria y el juicio del procés fueran mera casualidad. Tampoco la apoyó la CGT.