Mariano Rajoy accedió a dar cuentas sobre el acuerdo de la UE con Turquía para afrontar la crisis de los refugiados, con la vista puesta en rebajar el choque entre el Gobierno y las Cortes, motivado por las ansias de la oposición de controlar la actividad de un Ejecutivo en funciones durante más de tres meses. El presidente en funciones llevó a Bruselas un mandato del Parlamento sobre la postura que debía defender ante sus socios europeos, que había sido previamente consensuada con los partidos. Pero los grupos consideran que no ha respetado el acuerdo y que se ha extralimitado. Si a esta tesis se suma la tensión que viven en estos momentos el poder Ejecutivo y el legislativo, resulta fácil deducir que la sesión será bronca, aún más con las enconadas negociaciones para que fructifique la legislatura de fondo.
Aparte de los diversos y variopintos temas que, en cada Pleno de este tipo, la oposición saca a relucir, y más en una coyuntura política tan compleja, la solución en sí acordada por la UE para hacer frente a la avalancha de refugiados que huyen, entre otros países, del avispero sirio, será motivo de disputa. Y eso que hace unas semanas los grupos mostraban su satisfacción por haber logrado que el Gobierno aceptara convinir la posición a defender después en la Cumbre europea. De forma inédita, el pasado 16 de marzo, un día antes de la reunión de jefes de Estado de la UE, en la comisión de Exteriores del Congreso se logró por unanimidad y se plasmó por escrito un mandato, con 11 exigencias que, según la mayoría de los grupos, Rajoy ha desobedecido.
LAS PRESIONES ESPAÑOLAS
El Congreso reclamó expresamente que no se firmara ningún compromiso que implicase la expulsión a Turquía de asilados de forma “colectiva” y que cada “expediente sea individualizado”. Según la Moncloa, dichas garantías se recogen en el acuerdo gracias precisamente a las presiones de España, como se apunta en la nota de prensa con las “aportaciones españolas” a la declaración UE-Turquía hecha pública tras la cumbre.
Pero PSOE, Podemos, Ciudadanos o IU difieren de esta interpretación y consideran que, con la redacción final del texto aprobado en Bruselas no hay suficientes garantías y que, “bajo una apariencia de legalidad”, realmente se van a acometer “devoluciones casi colectivas” puesto que no se agotan todos los expedientes individuales antes de proceder a la remisión de los asilados. Así prevén reprochárselo a Rajoy el miércoles, según ha podido saber este diario.
