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CORRUPCIÓN EN EL PP

Ignacio González solicita declarar ante el juez del 'caso Lezo'

El expresidente de la Comunidad de Madrid intenta rebajar su fianza, como ya ha hecho la exdirectora financiera del Canal de Isabel II

 

El expresidente de Madrid, el popular Ignacio González, antes del registro de su despacho, el pasado 19 de abril. - EFE/ BALLESTEROS

EL PERIÓDICO
08/07/2017

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quiere declarar ante el juez del 'caso Lezo', Manuel García Castellón. González en prisión desde el pasado 22 de abril ha solicitado prestar declaración ante el juez de forma voluntaria después de que esta misma semana este haya decidido rebajar la fianza de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, de cuatro millones a 100.000 euros después de solicitar también declarar de forma voluntaria.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el pasado 2 de junio la prisión provisional del expresidente madrileño y de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II por el 'caso Lezo' al considerar que existía riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de obstrucción a la investigación, rechazando así los recursos de ambos contra la decisión del juez.

En el escrito que su defensa ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 al que ha tenido acceso la Cadena SERasegura que "habiéndose levantado el secreto de la causa desea declarar para poder empezar a defenderse adecuadamente". El escrito presentado el pasado 6 de julio su abogado señala que en el momento de su detención y a pesar de no conocer los motivos de su imputación contestó a todas las preguntas del Ministerio Fiscal durante casi tres horas y que ahora "al tener un conocimiento parcial de lo investigado puede contestar a muchas de las cuestiones que fueron formuladas en aquel primer interrogatorio".

En el auto que decretó su encarcelamiento, el juez Eloy Velasco, acusó al expresidente madrileño de haber desviado al PP regional un millón de euros de la empresa pública de informática de la Comunidad. Además le imputó el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros de la constructora OHL por la adjudicación supuestamente irregular del tren de Navalcarnero y la compra de la empresa brasileña Emissao que según fuentes de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción supuso un desfalco de 23 millones de euros. El juez le atribuyó los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.