Los «responsables sanitarios» tenían un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad» al menos desde el 5 de marzo y a partir de esa fecha «no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid». Son las conclusiones del informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza Rodríguez-Medel. El informe señala al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Los investigadores se basan en el testimonio de tres dirigentes de la Federación de Asambleas de Dios en España (FADE), un grupo de iglesias evangélicas. Iban a celebrar un congreso en Madrid durante los días 19, 20 y 21 de marzo.
Los tres coinciden en que el 5 de marzo tuvieron una reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que estuvieron el ministro Salvador Illa, el doctor Fernando Simón y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco.
El Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico en Madrid, Manuel Cerezo, declaró a la Guardia Civil que «el ministro y don Fernando Simón afirmaron que deberíamos suspenderlo» y les emplazaron para una nueva reunión al día siguiente, 6 de marzo. En ese encuentro ya no estuvo Illa, pero sí participaron Simón y Blanco. Entonces el doctor Simón les anunció que «ese congreso no se puede celebrar bajo ningún concepto» por el «riesgo de contagios» para los asistentes y la salud pública.
Otro de los que estuvo en las reuniones, Juan Carlos Escobar, señaló que Fernando Simón les habló de un «escenario grave de pandemia». Los líderes religiosos pidieron a las autoridades sanitarias que les enviaran un documento por escrito para suspender su congreso mundial.
En el explosivo informe, la Guardia Civil llama la atención en que se prohibió esa celebración y se autorizaron otras «en fechas posteriores, en que el número de contagios acreditados era superior» y señalan que manifestaciones como «la del 8-M, Día Internacional de la Mujer, tenían prevista la participación de un millón de personas».
Los instructores del caso, un capitán y un teniente de la Unidad de Policía Judicial, recalcan a la juez que llamaron a las promotoras de la manifestación del 8-M para tomarlas declaración, pero ellas rehusaron esa opción.
La investigación incluye otros datos que podrían apuntar al Ministerio de Sanidad, como que el 9 de marzo se permitió viajar a España a hinchas italianos que acudieron a València el día del partido entre equipo local y el Atalanta de Bérgamo. El partido fue a puerta cerrada, pero los tifosi deambularon por bares y calles, con el consiguiente riesgo, según la Guardia Civil.
La jueza, hija de guardia civil, ordenó a los agentes recabar toda la información. Los investigadores dicen que la Delegación del Gobierno de Madrid les facilita información «incompleta» y que el Centro de Alertas que dirige Simón aun no se la ha enviado, pese a que la han pedido «varias veces» desde el 8 de abril.
Los informes señalan al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar 130 manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo. Descubrieron un correo de la Delegación de Gobierno, difundido el 2 de marzo entre sus empleados, en el que se les pide que mantengan el distanciamiento social. La Guardia Civil concluye que, en esa fecha, «la Delegación de Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones». Franco está imputado por posible prevaricación y declarará el 5 de junio.
En el informe, los guardias civiles recogen unas declaraciones del ministro Pedro Duque sobre la búsqueda de una vacuna y afirman que «el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus».
