Veintinueve altos cargos de la Generalitat (miembros del Gobierno catalán aparte), técnicos, abogados y empleados de empresas de informática participaron en la logística para la preparación del referéndum unilateral del 1 de octubre y en la creación de "estructuras de Estado". Así lo considera el juez de Barcelona Joan Antonio Ramirez, que investiga los preparativos de la consulta y la planificación de los organismos necesarios para construir un país independiente.
La investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y encargada a la Guardia Civil ha sido muy extensa. Se han intervenido los teléfonos de investigados, se han realizado seguimientos (hay reportajes fotográficos) y se han tomado decenas de declaraciones.
Pero, sobre todo, se ha incautado numeroso material en los registros practicados el 20 de septiembre pasado, tanto en la Conselleria de Economia como en otros departamentos de la Generalitat, domicilios particulares, despachos profesionales y empresas. Esta operación provocó la multitudinaria manifestación en el passeig de Gràcia que ha provocado el encarcelamiento del presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión.
El juez sostiene que estos son algunos de los protagonistas de la logística del 1-O:
Josep Maria Jové: secretario general de vicepresidencia de Economia y número dos de Oriol Junqueras. Se encargó de gestionar la logística para proveer los elementos fundamentales para el referéndum y es el máximo responsable de los procesos electorales atribuidos al departamento que dirige. En una de las conversaciones intervenidas y según la Guardia Civil, involucra al ahora cesado 'conseller' de Salut, Antoni Comin, en la localización y gestión de locales para instalar centros de votación el 1-O. La Guardia Civil señala en un informe que Jové mantiene conversaciones por teléfono "extremadamente" comedidas y "sin expresar claramente lo que está diciendo", llegando a usar expresiones en clave. Los agentes destacan que Jové "es uno de los principales brazos ejecutores" de la hoja de ruta independentista, pues "bajo su responsabilidad se encuentra gestionar la logística para la consulta.
Josep Lluís Salvadó: secretario de Hisenda de la Generalitat. El juez considera que "participa directamente" en la creación, desarrollo y puesta en marcha de la Agencia Tributaria, "cumpliendo al detalle con la hoja de ruta establecida por el Gobierno de la Generalitat" para la creación de la denominada "estructura de Estado". En una conversación, admite que era "del todo inviable" la independencia, dado que se carecía de muchas cosas, como el control aduanero y banco propio. En las diligencias judiciales se recogen desde entrevistas suyas a medios de comunicación a conferencias, así como conversaciones telefónicas. Contacta con diversos ayuntamientos para que se adhieran a la Agencia Tributaria Catalana. También habla de la necesidad de filtrar información a medios de comunicación afines.
Carles Viver Pi i Sunyer: Presunta participación, al igual que el exmagistrado Santiago Vidal, en la creación, desarrollo y puesta en marcha de las estructuras del Estado encaminadas a lograr la independencia de Catalunya, así como en la elaboración de la ley de transitoriedad. Su colaboración se fundamenta en los aspectos jurídicos por "sus antecedentes como miembro del Tribunal Constitucional" y Comissionat per la Transició Nacional de Catalunya. La Guardia Civil le considera uno de los principales "ideólogos" del proceso soberanista.
Francesc Sutrias: director de Patrimoni, dependiente de la Secretaria de Hisenda. El juez expone en sus resoluciones que se halla en estrecha relación con Salvadó y Jové y "resulta una pieza clave para gestionar la parte de la logística necesaria para la práctica del referéndum". Hace de intermediario en la disposición de naves industriales.
Joan Martí Angulo: director gerente del CTTI. Participa en reuniones previas a la puesta en marcha de webs sobre la consulta soberanista. Del CTTI también es Josué Sallent Ribas, director de estrategia e innovación, que es el responsable de gestionar el programa del sistema de encuestas y bases de datos de catalanes en el extranjero. El juez incluye a otros trabajadores del centro informático de la Generalitat como partícipes en la preparación de la consulta.
