El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea imputó ayer en el caso Lezo a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en el 2001. Entre los imputados se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo -actualmente presidente de Adif-, que formaban parte del Consejo de Gobierno de Madrid durante la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón.

Los 14 imputados que integraban el consejo de administración de la empresa pública madrileña de agua comparecerán en la Audiencia entre el 9 y el 15 de enero. Se trata, además de Calvo y de Bravo, de Ignacio López-Galiacho, Juan María del Alamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Melero, Andrés Muñoz, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz.

El magistrado nombrado como refuerzo del juez Manuel García Castellón, instructor de Lezo, ha hecho suya la petición de diligencias realizada por la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada contra una veintena de personas, por «la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana». Entre ellas está el que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda.