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MINISTERIO DEL INTERIOR

Imputan al director de Prisiones y dos altos cargos de Interior por supuestos nombramientos ilegales

El Ministerio niega "rotundamente" la acusación de Acaip y dice que este sindicato validó las contrataciones desde la comisión de valoración

 

Traslado a la prisión de Soto del Real del exbanquero Mario Conde. - ÁLVARO CALVO

EFE
19/01/2018

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigados a tres altos cargos de Interior, entre ellos el secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de plazas de funcionarios.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, además de Yuste han sido citados para declarar como investigados el próximo 20 de febrero la directora de Recursos Humanos de Prisiones, Ana María Velasco, y el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera.

La investigación a estos tres altos cargos de Interior se produce después de que el sindicato de prisiones Acaip se querellara en noviembre contra ellos por malversación y prevaricación de caudales públicos, si bien finalmente la juez solo ha admitido la querella por el segundo de los delitos mencionados.

La magistrada Raquel Robles solicita que Instituciones Penitenciarias le remita toda la documentación sobre la contratación de funcionarios por una resolución de la Subsecretaría de Interior de marzo de 2017, un proceso que según la denuncia de Acaip no reunía los requisitos legales establecidos.

Así, la querella se fundamenta en que determinadas plazas "no se justifican por criterios de mérito y capacidad sino por una conducta de mala fe y arbitraria por parte de la Administración".

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Efe han indicado que el proceso "se ajustó en todo momento a la legalidad", por lo que niegan de forma rotunda la comisión de cualquier tipo de irregularidad.

Es más, desde Interior añaden que en la evaluación de los méritos de las personas que concursaban a dichas plazas no solo estaba representada la Administración, sino los sindicatos, entre ellos el querellante que validó todo el proceso.