El independentismo enseñó ayer, día en que su sindicato había convocado huelga general, sus dos caras. La que le gusta a Quim Torra -masiva, festiva y para todos los públicos- congregó a más de medio millón de personas en el centro de Barcelona. Pero también hubo espacio para la otra, la que lleva viéndose cada semana desde que el Tribunal Supremo dictó sentencia contra los líderes del procés. A menos de 500 metros de la manifestación oficial, jóvenes radicales volvieron a enfrentarse con violencia a la policía, lanzando piedras y levantando barricadas en llamas, en las inmediaciones de la Jefatura de Policía de Via Laietana.

La de ayer era una jornada importante para el independentismo. Las Marchas por la Libertad, las multitudinarias columnas que salieron el miércoles de Gerona, Tarragona, Vic, Berga y Tàrrega, llegaban a Barcelona, coincidiendo con la huelga. Todo estaba preparado para una demostración pacífica e imponente, como la que se produce en cada Diada en los últimos años. Y la hubo, pero la intensidad de los disturbios posteriores, que acabaron con decenas de heridos y detenidos, empañó la imagen que buscaba el Govern.

Según la Guardia Urbana, 525.000 independentistas se concentraron en el centro de Barcelona para protestar por la sentencia del procés. En los parlamentos, la líder de la ANC, Elisenda Paluzie, instó al Govern a «defender y sostener una declaración de independencia». Y también se leyó una carta de uno de los condenados, el presidente de Òmnium Jordi Cuixart, que llamaba a los independentistas a responder «unidos y no violentos» a «los intentos de escarmiento» y la «represión» del Estado.

Sin embargo, al mismo tiempo y a pocas calles del cruce entre Gran Via y el paseo de Gràcia donde tenían lugar los discursos, se desataba una batalla entre manifestantes y policía más dura que en días anteriores. Con tácticas de guerrilla urbana -encendiendo hogueras y tirando adoquines y cohetes-, los jóvenes independentistas hostigaron a los agentes durante cinco horas seguidas. La policía respondió con lanzamiento de gases y con pelotas de goma. Las imágenes fueron impactantes, y contrastaron vivamente con la versión idílica del movimiento que el soberanismo institucional estaba interesado en enseñar al mundo. Además, coincidieron con la noticia de que la Audiencia Nacional investiga al Tsunami Democràtic -que no estaba tras las protestas de ayer- por terrorismo.

De nuevo, el presidente de la Generalitat pareció paralizado por la situación. El president daba la enhorabuena a los participantes en la manifestación multitudinaria, y subrayaba «la fuerza cívica y pacífica» del independentismo, mientras enmudecía con respecto a los graves disturbios.

El desacuerdo en la respuesta independentista a la sentencia -Torra se quedó el jueves solo en su propuesta de celebrar otro referéndum esta legislatura- y en la valoración de la actuación de estos días de los Mossos d’Esquadra anquilosa al Govern. Ayer, el exdiputado de ERC Joan Tardà ya insistió abiertamente en la necesidad de «convocar elecciones cuanto antes mejor» en Cataluña.

el gobierno, tajante / El Gobierno, que sigue evaluando todos los escenarios de salida a la crisis, llenó el vacío comunicativo con una comparecencia del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, fue tajante: «Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda su contundencia», dijo. También recordó que en estos días ya se han practicado más de un centenar de detenciones, y subrayó que ya hay más de 200 policías heridos, uno de ellos grave.

Además, Grande-Marlaska aprovechó para enviar un mensaje al presidente de la Generalitat. «Es importante que las instituciones políticas autonómicas y el president Torra hagan una condena expresa del independentismo violento», exigió. Le contestó poco después el conseller de Interior. «El independentismo es pacífico, respetuoso y cívico. Lo que vemos ahora es violencia organizada, grupos combativos, que más allá de si son independentistas o no, no es la imagen de lo que es el movimiento», dijo Miquel Buch, muy cuestionado por ERC e incluso por sectores de JxCat.

La huelga general, convocada por los minoritarios Intersindical-CSC e IAC y no secundada por las grandes centrales sindicales, tuvo un seguimiento moderado. No fue un día laborable normal, en parte por los cortes viarios y los problemas de movilidad que se produjeron desde primera hora de la mañana. El paro tuvo más afectación en el comercio, las universidades y la enseñanza pública que en la actividad industrial o la sanidad. La huelga también provocó la cancelación preventiva de 58 vuelos en El Prat.

Sin embargo, si se compara la jornada con la única referencia existente, el «paro de país» del 3 de octubre del 2017, el seguimiento fue menor, a juzgar por el baremo habitual, el del consumo eléctrico.