El Ayuntamiento de Córdoba dispone hoy de “más argumentos legales que ayer” para reclamar la titularidad pública de laMezquita-Catedral, el monumento que fue inmatriculado por la jerarquía eclesiástica local en 2006 aprovechando un vericueto legal en la Ley Hipotecaria. El obispado solo pagó 30 euros para inscribir el inmueble a su nombre, lo que levantó una gran polémica dado que además intentó iniciar una campaña para borrar la huella musulmana al menos en la cartelería y la comunicación, según denunció una plataforma ciudadana que aboga porque pase amanos públicas.

Ha sido el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Turismo del consistorio, Pedro García, quien ha reconocido la existencia de unborrador de 15 páginas elaborado por el secretario municipal en el que se apuntaría que la cesión que el rey Fernando III El Santohizo de la Mezquita a la Iglesia para que fuera sede catedral tras la conquista de Córdoba en 1236 es “nula de pleno derecho” conforme al Derecho Romano.

Esa cesión, realizada por el monarca haciendo una cruz sobre la ceniza en el suelo del entonces edificio de culto musulmán, es el argumento al que se aferró el Arzobispado en 2006 para aprovechar una reforma de la Ley Hipotecaria que equiparaba a los obispos con fedatarios públicos y les permitía inscribir en el registro de la propiedad sin ninguna otra carga de prueba o documentación bienes que no contaran oficialmente a nombre de nadie. Una práctica que se desarrolló especialmente en el norte del país, pagado de pequeñas iglesias rurales.

EL BORRADOR, BAJO LLAVE

El equipo de Gobierno formado por PSOE e IU es el único que conoce el contenido de esas páginas, pero la alcaldesa Isabel Ambrosio (PSOE) ha decidido guardar el borrador bajo llave para evitar una nueva polémica en puertas de la Semana Santa, aunque los grupos de la oposición claman para que el borrador se haga público. La intención, dijo ayer García, es “ir planteando las cosas a su debido tiempo” y “evitar pasos en falso” para que cualquier actuación que se decida emprender cuente con “garantías de éxito”, dado que otro informe previo también del secretario municipal reconocía que la Mezquita nunca había formado parte del inventario de bienes del ayuntamiento. En esa línea, el teniente de alcalde cordobés dejaba caer que la “única manera” de defender esa propiedad pública era “atacando judicialmente” esa inmatriculación realizada por la Iglesia. Desde que surgió la polémica, las administraciones se han pronunciado a favor de poner la titularidad pública del monumento, aunque la gestión seguiría en manos de la Iglesia de Córdoba, que se encarga del cobro de las entradas.

CONTRA LIBERTAD RELIGIOSA

Según adelanta hoy el Diario Córdoba, el derecho Romano no ampara esa cesión realizada en 1236 porque los bienes o lugares objeto de culto no pueden estar sujetos al comercio de los hombres. De la misma manera, y actualizando ese precepto jurídico, un inmueble Patrimonio de la Humanidad por definición no podría pertenecer a nadie concreto. De esta manera, sería posible litigar para anular esa inscripción realizada por el Arzobispado, una cuestión que en cualquier caso, según auguró ayer el concejal, será “muy difícil, muy compleja y de largo recorrido”.

Prueba de esa complejidad es el reciente informe presentado hace unos días en Bruselas por el grupo independiente “Foro Europa Ciudadana”, en el que apuntaba que la expropiación de la Mezquita Catedral de Córdoba a la Iglesia supondría un ataque a la libertad religiosa. Y subrayaba que la inmatriculación es un procedimiento “de carácter declarativo y que no otorga la propiedad”. Es decir, que simplemente se dio publicidad a través del registro a un bien que ya poseía el arzobispado merced a esa cesión hace 800 años.