Después de tres legislaturas en cuatro años, la mayoría de las iniciativas para derogar o reformar las leyes más polémicas del PP siguen pendientes. El bloque progresista que ha dado luz al primer Gobierno de coalición de la democracia apenas suma mayoría simple, pero previsiblemente alcanzará la absoluta con el sí de ERC cuando se trate de hacer prosperar eternas asignaturas pendientes, como la derogación de la reforma laboral, de la Lomce y de la ley mordaza, acabar con el voto rogado y la prisión permanente revisable o los plazos de instrucción judicial.

Todas estas iniciativas contaron con mayoría suficiente para comenzar su trámite parlamentario, pero volvían a la casilla de salida una y otra vez con cada adelanto o repetición electoral. Los consensos se conformaban para censurar las leyes que se habían creado en el horno de los populares, pero no para plantear textos alternativos, y las nuevas normas acababan durmiendo el sueño de los justos en una interminable prórroga del plazo de enmiendas.

Como ejemplo, esta última. En el 2016, la primera vez que Podemos presentó la proposición de ley que pretendía derogar el plazo máximo de instrucción en la ley de enjuiciamiento criminal ni siquiera llegó a votarse en el pleno. En la siguiente legislatura sí pasó el primer trámite -con el voto en contra del PP-, pero llegó a acumular hasta 60 prórrogas en la Comisión de Justicia. Y en esta legislatura fallida, pasó el primer trámite sin votos en contra, pero se perdió con la disolución de las Cortes.

El nuevo reparto de escaños, pese al crecimiento de Vox o la irrupción de nuevas formaciones, tiene más o menos aseguradas las mayorías para alumbrar todas esas leyes pendientes. Además, se suma una nueva ventaja: la configuración de la mesa del Congreso. En la última legislatura con Gobierno (con dos, de hecho), PP y Cs controlaban el órgano rector, el que decide qué iniciativas van a pleno. Ahora, los socios del Gobierno suman mayoría, con 6 puestos frente a los 3 que suman PP y Vox.

El tándem PSOE-Podemos se trasladará también al Congreso. Al menos, de inicio. Ambos partidos siguen afanados en cuidar al máximo las relaciones y la estabilidad del Ejecutivo y sus grupos parlamentarios han firmado un protocolo para evitar conflictos. Los dos partidos quedan atados para cualquier iniciativa en el Congreso que guarde relación con lo pactado en el Gobierno para no tener posiciones contradictorias. Solo para el resto se reservan cierto margen de voz propia, pero siempre habiendo informado al otro.