El grado de verosimilitud de que ERC preste colaboración a la investidura de Pedro Sánchez lo señaló el miércoles su jefe de Gabinete, Iván Redondo, en conversación pública con Jaume Giró, presidente de Corporate Excellence y director general de la Fundación La Caixa, al advertir de la importancia sustancial que el minuto 93 tiene en las partidas políticas que se juegan en nuestro país. O en otras palabras: que Sánchez volverá a ser presidente por los pelos. Y tiene razón Redondo en situar al borde del abismo esta operación política tan precipitada por el fracaso electoral socialista el 10-N combinado con el de su «socio preferente», Unidas Podemos.

Dejando al margen en este análisis la extraordinaria volatilidad de Sánchez -su capacidad para afirmar una cosa y hacer la contraria-, el grado de jactancia de los republicanos lo quintaesencia Gabriel Rufián con su prepotente afirmación: «Quitamos y ponemos gobiernos y sentaremos a un Sánchez derrotado». Un sapo que los socialistas se han tragado con impasibilidad.

También han dejado pasar que ERC se haya alineado con las demás fuerzas secesionistas para burlar el martes al Tribunal Constitucional en el Parlamento catalán; igualmente, han silbado mientras el PP y Ciudadanos convalidaban el real decreto ley para cortocircuitar la república digital catalana, y no se han inmutado con las informaciones del jefe de Seguridad Nacional que alertó el pasado día 26 sobre la «campaña de desinformación secesionista» para desprestigiar a la democracia española. Ni un reproche tampoco a la presencia en el equipo negociador de ERC del imputado Josep Maria Jové.

Todos estos desaires, que llevan la impronta de una altanería contradictoria con los propósitos pactistas que se proclaman, los han metabolizado la Moncloa y el PSOE con la misma impasibilidad que han aplicado a los desplantes de sus socios de Unidas Podemos, que tampoco apoyaron la convalidación del real decreto ley digital y cuya franquicia catalana se abstuvo, mientras los independentistas ponían en solfa resoluciones del Tribunal Constitucional.

Y es muy posible que Sánchez siga aguantando carros y carretas porque no tiene otra opción que llegar a la presidencia del Gobierno a través de los morados y los republicanos.

El más serio problema para los socialistas reside en el núcleo del planteamiento de la negociación que quiere Esquerra: la mesa, primero entre partidos y luego entre gobiernos, que abordaría, «de igual a igual» y «sin condiciones», lo que se denomina «el conflicto político» entre Cataluña y España.

La propuesta negociadora es así explicitada, con los añadidos temáticos que Pere Aragonés incluyó el mismo día de la consulta a las bases republicanas (autodeterminación, amnistía, calendario, garantías…), inmanejable para el PSOE y para el Gobierno en funciones. Porque la tal mesa margina los foros que habilita para la interlocución el sistema institucional y trata de zafarse de las líneas rojas que establece la Constitución.

Expresamente, los republicanos han excluido la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado que prevé el artículo 183 del Estatuto. La mesa -de partidos y de gobiernos- es un artefacto de desinstitucionalización del sistema político que desactiva los mecanismos previstos y los ámbitos adecuados para resolver las colisiones, conflictos y desavenencias entre distintas instancias políticas. La bilateralidad («de igual a igual») también está interpretada por el Constitucional y «no cabe entenderla como una relación política entre entes políticos en situación de igualdad, capaces de negociar entre sí en tal condición porque el Estado siempre ostenta una posición de superioridad respecto de las comunidades autónomas […]» de modo que el Ejecutivo central no puede desposeerse de su propia naturaleza ante un Gobierno autonómico que, además, no está presidido por un miembro de Esquerra.

Quim Torra, ¿lo va a llevar a esa mesa Rufián? Es poco realista. El president quiere mártires, no quiere acuerdos. En cuando a un debate «sin condiciones», cabe similar reflexión: nunca existe una discusión sin reglas, ni un juego político sin determinados compromisos, y el propio preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos contempla que la crisis catalana debe resolverse bajo el paraguas constitucional incluso, puede añadirse, si es para reformar la Carta Magna, lo que en esta legislatura no sería posible por la sobrada capacidad de bloqueo de la oposición.

Y por terminar de completar esta reflexión, generalizada en el PSOE: cuando los republicanos ofrecen a los socialistas acordar primero la mesa, investir presidente después a Sánchez y abordar -«con garantías»- más tarde los temas de debate, significa que se condiciona la designación presidencial, pero también el desarrollo de la eventual legislatura, siempre bajo la espada de Damocles de la buena o mala marcha de las discusiones entre ambas partes.

El planteamiento de Esquerra no es ahora viable porque situaría al PSOE y a Sánchez en un terreno impensablemente desregulado, alejado de la cancha constitucional, al albur de lo que ocurra en Cataluña -algo que está fuera del control del partido de Oriol Junqueras- y que es una de las variables que los socialistas tampoco pueden prever, ni siquiera condicionar, a la vista del desafío constante de los posconvergentes, a los que se unen los republicanos de continuo porque en su concepción Madrid es instrumental y Cataluña, sustancial.

Por eso, más allá del contacto inicial del jueves entre ambos partidos, si la investidura de Sánchez sale no podrá ser a un precio tan desorbitado que pusiera en quiebra al PSOE, porque el 44% de los electores ha emitido su voto en las generales influido por la crisis catalana.

O se cambia el planteamiento de partida de ERC, o no habrá minuto 93. Los republicanos deben igualar a Sánchez en volatilidad y capacidad adaptativa aunque sea en el minuto 94. De lo contrario, entraríamos en «terra incógnita».