EL AVISO DEL ALTO CARGO DEL GOBIERNO
El pasado 6 de junio el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, levantó la liebre al desvelar que la fiscalía estaba investigando nuevas irregularidades en una empresa adjudicataria de las obras de la estación del AVE en la Sagrera. El alto cargo detalló que a principios del 2014 estas anomalías fueron detectadas en una auditoría. De esta manera, justificó los retrasos en las obras. Las palabras de Gómez-Pomar disgustaron en la fiscalía, que desde hacía meses estaba investigando con sigilo el presunto fraude que desembocó en los registros y en las detenciones del 28 de junio. Las pesquisas de la fiscalía se iniciaron a partir de unas auditorías presentadas por Adif, con su correspondiente denuncia, sobre el sobrecoste en los tres tamos investigados: la construcción de la estructura de la Sagrera, el denominado sector Sant Andreu y los accesos a la estación.
LA PRIMERA SUPEROPERACIÓN EN LA SAGRERA
Este nuevo caso no tiene nada que ver con la operación que en mayo del 2014 acabó con nueve detenidos por presunta malversación de fondos públicos y sobornos. En esa redada fueron arrestados altos directivos de Adif bajó la acusación de haber favorecido la adjudicación a la empresa Corsan en la construcción de la plataforma del tramo Sagrera-Nudo de la Trinitat de la línea de AVE. Dos de los detenidos entonces y exaltos cargos de Adif, Rafael Rodríguez Gutiérrez y Jaime García-German López-Belmonte,repitieron y también fueron arrestados el pasado 28 de junio. A través de los documentos incautados en la operación del 2014, la Guardia Civil pudo corroborar que se realizaban certificaciones y valoraciones de obra no realizadas. Se encontraron anotaciones claras: “Conceptos complementarios [….] que pueden ocurrir, aunque no se ejecuten”. O frases como: “Conceptos complementarios reales o inventados, pero pendientes de ejecutar”.
EL CASO DE ALACALÁ DE HENARES SIGUE VIVO
En diciembre del 2014, un juzgado de Alcalá de Henares(Madrid) abrió una investigación por el presunto soborno cometido por la constructora Ferrovial sobre altos cargos de Adif durante la construcción del AVE desde Madrid a la frontera francesa, así como por supuestas irregularidades en la certificación de obras. La denuncia fue presentada por un expleado de la constructora y guardaban relación con la adjudicación a la empresa de varios tramos, entre ellos el de El Papiol-Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) y Riells-Massanes (Selva), la base de montaje de Sant Feliu de Buixalleu (Selva), las obras complementarias de Riells-Massanes y la estación de Reus (Baix Camp). En marzo del 2015, la jueza troceó el pleito en varias piezas y las remitió a diferentes juzgados. Cuatro de estos casos siguen su curso. Uno de ellos se instruye en un juzgado de Santa Coloma de Farnés y otro en Elche.
