El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar como investigados a dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin recibirlos.
El juez Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, ha citado a declarar para el 28 de abril al actual gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.
El juez ha decidido por el momento abrir diligencias solo por el delito de prevaricación administrativa, aunque, según eldiario.es, la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave".
El proceso judicial es la primera causa penal que se abre en España contra una Administración pública --en este caso el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo-- en relación a la prescripción de medicamentos para pacientes con hepatitis C.
En Galicia, la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C ha demandado "responsabilidades políticas y penales" al Gobierno gallego, con especial intensidad a Rocío Mosquera, quien estaba al frente del departamento de Sanidad en el punto álgido del conflicto y a quien ha relevado al frente de la Consellería Jesús Vázquez Almuiña.
DENUNCIA DE BATAS BLANCAS
El colectivo Batas Blancas denunció en marzo del 2015 ante la Fiscalía la muerte de varios pacientes con hepatitis C con tratamiento reconocido tras las "trabas burocráticas" impuestas por el Sergas para acceder a la medicación, hasta que se aprobó el plan estratégico estatal y se autorizaron los nuevos tratamientos, como el sofosbuvir (el nombre técnico de Sovaldi).
Según la asociación, al menos tres casos tuvieron que esperar hasta ocho meses para recibir el tratamiento, aún cumpliendo los requisitos, por la exigencia de que fuese autorizado por la Comisión Atuonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, lo que consideran "una traba burocrática" que "retrasó" la administración.
Tras recibir esta denuncia, la Fiscalía inició un proceso de investigación y practicó varias diligencias hasta que, el pasado 29 de diciembre, decidió formular una denuncia ante los juzgados de Santiago por este caso. Una vez analizada la documentación, el juzgado ha decidido abrir diligencias y citar a los dos altos cargos del Sergas.
