Los relojes no giran a la misma velocidad en el Partido Popular de Valencia y en el de Madrid. La coordinadora regional, Isabel Bonig, desea que los nueve concejales del Ayuntamiento de València (todo el grupo menos el independiente Eusebio Monzó) investigados en el 'caso Taula' por blanqueo de capitales sean expulsados si, en diez días, no entregan su acta. Sin embargo, desde la sede de Génova han pactado con los ediles la suspensión cautelar de militancia mientras el comité de derechos y garantías dirime su responsabilidad. Una operación sin calendario y que pone en entredicho la autoridad de Bonig, quien exige medidas ejemplarizantes “en un momento complicado”.

“No me siento desautorizada”, recalcó este miércoles en Les Corts pese a tener que modificar sus criterios una y otra vez desde que estalló la crisis el pasado 26 de enero. Tras conocerse la imputación de los ediles, Bonig acordó con ellos el 15 de febrero la renuncia de sus actas si tras el levantamiento del secreto de sumario seguían investigados. Algo que ocurrió el 15 de marzo. Entonces los concejales se declararon en rebeldía y añadieron un nuevo matiz: no se irían mientras no exista un auto judicial especificando su condición procesal.

“Hasta que Génova no acabe no podemos hacer nada, ya que no se pueden simultanear dos procesos”, reconoció una Bonig aferrada a la idea, o más bien al anhelo, de que Madrid resuelva antes de los diez días de plazo y que, además, apueste por requerir las actas. “¿Alguien ha dicho públicamente que no se les pida el acta o que la señora Bonig se ha equivocado? El día que lo digan yo me marcho”, enfatizó una líder del PP valenciano enredada en sus propias contradicciones y la jerarquía de partido.

UN VALOR AÑADIDO

Una complejidad con el valor añadido del atrincheramiento deRita Barberá, senadora y por tanto aforada, pero investigada de facto por la supuesta donación de los 1.000€ con retorno en dos billetes de 500. Su negativa a apartarse está agrietando el partido. “Los estatutos del PP dicen que el acta se entrega cuando se abra juicio oral”, se posicionó la propia Barberá el 15 de marzo. Un criterio convertido en pauta de desobediencia para los ediles y para ella misma. De hecho, Bonig se negó a considerarla como “un lastre”, pero sí la responsabilizó de la fuerte temperatura mediática sobre Valencia: “tenemos todos los focos por la presencia de Barberá”. “Es un momento difícil y probablemente llegarán más”, aventuró tras insistir que sería “una buena idea” que la senadora diera un paso atrás.