El actual jefe de los Mossos, Ferran López, defendió ayer ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la actuación del cuerpo policial el 1-O, pero también la de Guardia Civil y la Policía Nacional. A una pregunta de la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras sobre «cargas policiales», precisó que él nunca había dicho que lo ocurrido en los colegios fuera eso y lo calificó de «desalojos de lugares».
Según fuentes jurídicas, se remitió al criterio de proporcionalidad esgrimido por el mayor Josep Lluís Trapero a la hora de cerrar los centros electorales, a los que acudió una pareja de agentes. Admitió que el dispositivo desplegado no era suficiente ante el número de votantes, pero insistió en que el coordinador, el coronel Diego Pérez de los Cobos, nunca puso pegas a lo dispuesto por los Mossos.
El último informe entregado en la Audiencia Nacional, elaborado a partir de los correos electrónicos de Trapero, llega a la conclusión de que los agentes permitieron la consulta ilegal. En el Supremo también comparecieron los comisarios Joan Carles Molinero y Emili Quevedo. Y hoy lo harán Manuel Castellví y otros dos mandos de la policía autonómica.
Los cuatro estuvieron en las reuniones con el Govern solicitadas por los Mossos, cara al 1-O, del 26 y 28 de septiembre. En ellas, Trapero pidió a Carles Puigdemont que suspendiera el referéndum por problemas de seguridad. Según Quevedo, el expresidente dijo que seguiría adelante para cumplir el mandato electoral.
Los comisarios explicaron que cada cuatro meses llevan documentación, ya escaneada, a destruir a la incineradora de Sant Adrià de Besòs. Apuntaron a que solo seis cajas de las intervenidas el 26 de octubre se referían al 1-O y negaron que entre ellas hubiera seguimientos a políticos.
