La comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP celebró este martes una sesión infructuosa. Unidos Podemos había solicitado la comparecencia del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, para indagar acerca de las múltiples investigaciones que lleva a cabo la unidad de policia judicial, 'Púnica', 'Lezo', 'Taula'..., pero sus pretensiones chocaron una y otra vez con un muro: el deber de "guardar silencio" de los agentes en torno a los sumarios abiertos. Solo el PSOE consiguió arrancarle el reconocimiento de que la primera operación, que llevó a la cárcel a Francisco Granados, es "corrupción pura y dura".

Fue tal el celo del compareciente que los partidos le acusaron de mantener una actitud poco "colaborativa". "Cuanto más alto es el cargo policial, más silencio se ve obligado a guardar, no sé si se trata de prudencia para mantenerse en el cargo", soltó el diputado de EH Bildu, Oskar Matute. El parlamentario hacía referencia así a la errática trayectoria de la comisión en cuanto a las comparecencias de mandos policiales.

El primero en visitar el Congreso, el pasado 11 de noviembre, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), Manuel Morocho, conocido como el 'policía de la Gürtel', aunque fue tremendamente cuidadoso en sus afirmaciones, sí reconoció que "indiciariamente" Mariano Rajoy es un de los perceptores de sobresueldos de la presunta 'caja B' del PP. Pero pocos días después su superior, el comisario José Luis Olivera, actual jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, desmintió a Morocho y señaló que no había "indicios" contra el líder del PP, dado que las siglas 'M.Rajoy' que aparecen en los 'papeles de Bárcenas' no tienen por qué corresponder al presidente del Gobierno. Lo mismo sostuvo de otros dirigentes del PP, además de recordar que, en todo momento, si hay o no conductas delictivas o financiación irregular lo tendrá que "decir el juez" .

La prudencia policial

Pero esta vez Sánchez Corbí ha llevado la prudencia policial más allá y se ha negado reiteradamente a responder a los preguntas de la oposición con argumento de que su deber por ley es "mantener el secreto sobre las investigaciones". El coronel jefe de la OCU ha reconocido que su situación, ante la comisión, era "tremendamente incómoda", pero aún así los portavoces, salvo el PP, que ha salido en su defensa, han criticado su excesiva reserva. EH Bildu ha recordado, incluso, su pasado "maltratador", en base a una condena por torturas a miembros de ETA, pero el guardia civil no ha entrado al choque y ha subrayado que este tema no era motivo de la comisión. Y Ciudadanos ha solicitado que acuda en una sesión a puerta cerrada, pero el investigador ha avisado de que tendrá que consultar a los jueces si en ese formato sí puede dar cuenta de los sumarios abiertos.

Esta será la última sesión del órgano fiscalizador del año. En enero, comparecerán varios periodistas y en febrero, los grupos solicitarán previsiblemente una prórroga para poder comenzar a citar a dirigentes del PP. Hasta el momento han comparecido los tesoreros de partido de Rajoy y varios profesionales de los medios de comunicación.