Dos meses ha tardado el juez de lo Penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, en dictar sentencia. Ha absuelto al PP del delito de daños informáticos por el que las acusaciones pedían que se les impusiera una multa de 10,8 millones de euros por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas guardaba en la sede central del partido, en la madrileña calle de Génova. También ha absuelto a la gerente del partido, Carmen Navarro, y dos exempleados acusados por falta de pruebas. Este ha sido el primer juicio en el que un partido político se ha sentado en el banquillo como persona jurídica acusada.

Durante el juicio, celebrado en la segunda quincena de junio, ninguna parte modificó su criterio y la fiscalía defendió que los hechos juzgados ni siquiera eran delito, porque aunque los dispositivos guardaran "la contabilidad b del PP", como aseguraba la acción popular, "esa contabilidad b no le sería ajena" al partido, lo que impediría castigarle penalmente por su destrucción, en un criterio si no idéntico, sí muy parecido al de las defensas. El ministerio público ya se había alineado con la defensa al inicio del juicio cuando intentó evitarlo con la doctrina Botín. El magistrado optó por ponunciarse sobre si es suficiente la acusación de la acción popular en la sentencia.

En contra de ese criterio, las acusaciones populares, con Izquierda Unida a la cabeza, solicitaron fuertes penas. El partido que coordina Alberto Garzón fue quien pidió la mayor pena para el Partido Popular: multa con 10,8 millones de euros por destruir los discos duros para "tratar de tapar sus vergüenzas con implicaciones penales". Además, solicitó 4 años y medio de prisión para tres exempleados del partido por daños informáticos en concurso con encubrimiento: el exresponsable jurídico del partido Alberto Durán, el informático José Manuel Moreno y la gerente del PP, Carmen Navarro.