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AUDIENCIA NACIONAL

El juez acusa al presidente de Murcia de fraude y cohecho en el 'caso Púnica'

Eloy Velasco considera que Pedro Antonio Sánchez maniobró para desviar fondos públicos a mejorar su reputación en internet. La senadora Pilar Barreiro, también acusada en el procedimiento, se habría beneficiado hasta con la creación de un periódico

 

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (centro), saluda al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y al de La Rioja, José Ignacio Carniceros, este fin de semana en el congreso del PP. - EFE / JAVIER LIZÓN

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID
13/02/2017

El presidente de Múrcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, tiene otro frente judicial abierto: una nueva pieza separada de la operación Púnica por las irregularidades supuestamente ocurridas en su comunidad autónoma. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado este lunes la formación de esta pieza y dirige el procedimiento contra otras 21 personas, entre ellas la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora, Pilar Barreiro. Como ambos son aforados, el magistrado ha pedido certificación de su condición a las Cámaras respectivas antes de elevar la exposición razonada que permitirá al tribunal ante el que deben comparecer iniciar formalmente la investigación contra ellos.

El magistrado atribuye a Sánchez, que en la anterior legislatura fue consejero de Educación, los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas del experto en redes sociales y considerado conseguidor de la trama corrupta, Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación en la consejería que dirigía para realizar, en realidad, trabajos para mejorar su reputación en internet y las redes sociales cara a su postulación como presidente de Murcia. Es una acusación similar a la que pesa sobre otros exconsejeros madrileños, también del PP, Salvador Victoria y Lucía Figar.

En el caso de Barreiro, Velasco la acusa de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en la ciudad de la que era alcaldesa para que emitiera informaciones favorables. También pagó los honorarios de un periodista.


TARJETA INSTRANSFERIBLE

En su auto, el magistrado recuerda que en el momento de la detención de su antecesor en la alcaldía de Cartagena, el socialista José Antonio Alonso Conesa, se le intervino una tarjeta de crédito del Congreso de los Diputados, "intransferible", a nombre de "P. Barreiro". Según la resolución fue él, por su amistad con De Pedro, quien propuso a la ahora senadora contratar una de las empresas de este para mejorar su reputación online. De Pedro creó un periódico digital para dar informaciones positivas de Barreiro. El juez considera que en un momento determinado "se decidió ampliar los servicios prestados por las empresas de De Pedro" de forma conjunta "con los que se tenía previsto hacer para Pedro Antonio Sánchez".

Al tratarse de aforados, el magistrado de la Audiencia reclama a la Asamblea regional de Murcia y al Senado que le certifiquen su condición para "elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportura exposición razonada". En el caso de Sánchez, el enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por ser presidente de la Región de Murcia, y el de la senadora, al Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia asumió el pasado 2 de febrero otro caso contra Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por irregularidades en la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, mientras era alcalde.


TERCERA PIEZA CONCLUIDA

El juez Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de la trama Púnica. Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimitar las personas contra las que se dirige esta pieza, concretando los delitos que se imputan a cada una.

En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra Alejandro de Pedro, el exconsejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.


EL PP RESPALDA A SU BARÓN

Al igual que sucedió cuando Sánchez fue acusado por la adjudicación del auditorio de Puerto Lumberas, el PP ha salido este lunes en defensa de su barón regional. La secretaria general, Dolores de Cospedal, ha pedido que se respete la presunción de inocenciadel presidente de Murcia y ha subrayado que su aparición en el sumario de la 'Púnica' es por "un contrato que nunca se celebró".

Cospedal ha recordado además que la oposición ha presentado 16 querellas contra Sánchez y ninguna ha prosperado.