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El juez acusa a Puigdemont de buscar su detención

Torrent le propone para la investidura y pide en vano una reunión con Rajoy. Llarena rechaza ordenar el arresto del ‘expresident’ en Dinamarca

 

En la capital de Dinamarca, tras la conferencia-coloquio. - EFE / RICARDO RAMÍREZ

El expresidente catalán en el coloquio de la Universidad de Copenhague. - EFE / RICARDO RAMÍREZ

XABI BARRENA / J .G. ALBALAT
23/01/2018

La justicia también es táctica. Al menos la española. Tenía el Tribunal Supremo una nueva oportunidad de activar la euroorden contra Carles Puigdemont que guardó en el cajón en noviembre, cuando vio que Bélgica no iba a atender sus requerimientos y, como mucho, iba a extraditarlo solo por un delito de malversación. Y la ha desdeñado.

El expresidente, que también desde ayer ya es oficialmente el candidato a la investidura propuesto por el presidente del Parlament, Roger Torrent, andó ayer, y seguirá hoy, por Copenhague en una visita telegrafiada urbi et orbe, seguramente para provocar el movimiento del Supremo, que le fuera a buscar. Pero todo tiene un truco.

El de Puigdemont pasaba por ser retenido en Dinamarca, en un proceso similar al que le ocupó en octubre y noviembre con las justicia belga. En tanto se debería dirimir su extradición o no a España, él podría, ahora sí, delegar el voto por cuanto tendría los movimientos restringidos a los límites territoriales daneses. Eso sí, la jugada era arriesgada por cuanto el Código Penal danés, a diferencia del belga, sí se emplea con dureza en los delitos de rebelión y sedición, por lo que de haberse aplicado la euroorden todo parece indicar que se habría encauzado el largo camino del expresident en la cárcel.

La conclusión de todo ello, con todo, es aun más paradójica. Un huido de la justicia española sobre el que pesan muy graves acusaciones que le podrían acarrear, en caso de ser sentenciado en un juicio en España, hasta 30 años de cárcel, y de haber cometido el mismo presunto delito en Dinamarca podría enfrentarse a la cadena perpetua, anda suelto por Europa sin que nadie le ponga el cascabel al gato.

Ahora bien, ¿por qué no actúa el Supremo, visto el panorama? El juez Pablo Llarena descartó reactivar la orden de detención, precisamente, porque considera que quiso «provocar» su detención para poder delegar su voto en la investidura. En un auto, Llarena subrayó que desplazándose «con jactancia» a Dinamarca --para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague--, Puigdemont busca «favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal» para «forzar» la delegación de su voto como si su situación fuese la de privación de libertad«, al igual que han hecho el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión. Es decir, pesa más lo político (la posible delegación de voto en su investidura) que lo judicial (detener a un presunto delincuente). Por todo ello rechaza «la lógica» petición de la fiscalía de activar la orden europea de detención.

VARAPALO DE LOS ACADÉMICOS / El motivo y razón de la visita de Puigdemont, su participación en el debate Cataluña y Europa, encrucijada de la democracia fue menos agradable para el expresident de lo que cabía esperar. Reivindicó un referéndum pactado (nueva vuelta atrás) y una solución «política y no judicial», mientras que los asistentes, académicos daneses, le tildaron de «populista» y de poco menos que de llevar al desastre a Europa por obrar que cada «identidad tenga su Estado». Lo que tiene su guasa por cuanto Dinamarca apenas cuenta con un tercio más de territorio que Cataluña, dos millones menos de personas y una historia llena de uniones rotas con noruegos y suecos..

Puigdemont no fue el único en pedir diálogo al Estado. Torrent, al tiempo que comunicaba que el expresident era el elegido para reeditar el cargo, explicó que había mandado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle una reunión para abordar «la situación anómala» en la Cámara catalana.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo recalcaron que la situación de Puigdemont no es competencia de Rajoy, sino que corresponde a la justicia.

A este respecto, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró además que «no existe posibilidad política alguna» de que el Parlament tome decisiones al margen de la ley e insistió en que «nadie en España» puede albergar dudas de que el Gobierno impedirá que se cometa cualquier ilegalidad.