La jueza del 'caso máster', Carmen Rodríguez-Medel, ha admitido que ya se han llevado a cabo "las diligencias sustanciales" de la investigación por falsedad a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y a otros imputados, por lo que la instrucción puede estar próxima a su fin. Por ese motivo, la magistrada rechaza prorrogar la investigación seis meses más, como solicitó tanto la Fiscalía como el principal imputado, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Álvarez Conde.

La jueza comenzó a investigar el caso en abril, por lo que previsiblemente está a punto de cerrar la instrucción dado que, al no acceder a la prórroga, la ley acota el periodo de investigación a seis meses -que se cumplirían ya en octubre- por tratarse de una "causa sencilla". Rodríguez-Medel aduce en un auto que las diligencias más importantes para sacar adelante la investigación están ya practicadas y hay otras que están acordadas, de forma que se pueden incorporar a la causa aunque ya se haya cerrado la instrucción.

"Concluir la instrucción en plazo, por tanto, no es óbice para la práctica con posterioridad de las ya acordadas (la testifical del consejero madrileño de Educación Rafael Van Grieken, entre otras)", señala la jueza. Por tanto, "la razón por la que se solicitaba la prórroga decae" dado que "el único motivo" por el que se pedía era que la jueza resolviera sobre dichas diligencias.

Además, ha desestimado el recurso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) contra el archivo parcial del caso máster, a la que responsabiliza del resultado final de su investigación por su "pasividad" y porque "su actuación no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos".

Por último, la instructora ha citado como testigo al consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, para el próximo 31 de octubre, tal y como solicitó la defensa del catedrático investigado en la causa Enrique Álvarez Conde. En un auto dictado el pasado miércoles, la titular le cita el 31 de este mes a las 9 horas. Aparte, remite un oficio a la Policía Nacional para que se identifique los titulares del teléfonos de las conversaciones que tuvieron lugar el 21 de marzo.