El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decretado prisión incondicional para todos los detenidos por su vinculación con los CDR que han comparecido ante él, incluido los que admitieron en dependencias de la Guardia Civil haber comprado material para preparar explosivos con el objetivo de "meter ruido" de cara al 1-O, informaron fuentes jurídicas. El juez les ha imputado los delitos que les atribuía el fiscal consistente en integración en organización terrorista "con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública", conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos.
Esa organización es Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que, según los autos de prisión del juez, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es el sector "más radical, clandestino y comprometido" de los Comités de Defensa de la República. Para el juez los enviados a prisión son "miembros especialmente activos del ERT, encargándose de la planificación, el desarrollo y puesta en marcha de las acciones violentas".
El magistrado afirma que, "dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo, al cual los detenidos pertenecen", está "lograr la materialización de la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas". El juez explica que llega a esa conclusión a través de "las grabaciones, intervenciones telefónicas, seguimientos y demás diligencias practicadas" en la causa que inició hace más de un año.
Componente peligroso
Con la información "obtenida y contrastada se ha podido constatar la existencia de una organización criminal que cumple con las premisas consideradas como características esenciales de la criminalidad organizada". Señala que tiene "capacidad suficiente para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización", y de modo algo enigmático señala que él mismo pudo constatar como el 15 de septiembre de 2018, en un encuentro planeado con "la máxima clandestinidad" con una persona que "por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso".
Para justificar la prisión el juez destaca la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva. El fiscalía había solicitado la prisión con argumentos similares, pero puntualizaba este último con la posibilidad de que puedan "materializar las conductas que se planeaban", en clara referencia al delito de estragos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 mantiene la causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada en esta operación judicial. Finalmente el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ni siguiera ha mencionado el delito de rebelión que también les atribuía en la nota, firmada por él mismo, en la que informó de la operación Judas y la desarticulación de un "grupo terrorista de índole secesionista catalán". Durante la vistilla, en la que ha pedido prisión de todos los imputados, ha señalado la gravedad que conllevan los delitos imputados, el riesgo de que se pudieran materializar las conductas que planeaban y para impedir la destrucción de pruebas que podrían realizar en el caso de quedar libres.
Con su propio abogado
Los dos primeros arrestados en comparecer fueron los únicos que lo hicieron asistidos por abogados de oficio. [Sigue la última hora sobre los CDR detenidos en directo.] Ambos fueron conducidos el miércoles por la noche a la Audiencia Nacional, al plantear sus familiares un habeas corpus. Ante el juez refuerzo del Central 6, Alejandro Abascal, los dos negaron que quisieran cambiar de abogados, por lo que la iniciativa de sus familias fue rechazada.
Como la causa se encuentra bajo secreto los letrados del colectivo Alerta Solidaria, que asisten a los otros cinco arrestados, no pudieran asistir a las declaraciones de los que admitieron la manipulación de material explosivo, pese a la petición que en este sentido habían formulado ante el magistrado.
A diferencia de los dos primeros que comparecieron ante el magistrado, cuyo interrogatorio fue más extenso, los otros cinco siguieron la misma práctica que en dependencias de la Guardia Civil. Es decir, se negaron a declarar ante el juez por estar la causa secreta e ignorar hasta de los delitos que se les imputan.
Ninguno de los cinco accedió a declarar ante el juez. Se limitaron a contestar a las preguntas de sus letrados para negar las acusaciones que se les hacen. Sostuvieron que son gente de paz, pacíficos y sin ninguna relación con explosivos. En los autos de entrada y registro solo figura el delito de terrorismo, mientras que la fiscalía en su nota informativa también hablaba de rebelión y de tenencia de explosivos.
El ministerio público decía tener la "certeza" de que todos los arrestados, incluidos los dos que quedaron en libertad sin necesidad de ser puestos a disposición judicial, formaban un "grupo terrorista de índole secesionista catalán" que preparaban atentar entre el segundo aniversario del 1-O y el momento en que se hiciera pública la sentencia del Supremo.
Segunda rectificación fiscal
En su día el teniente fiscal de la Audiencia Nacional también imputó terrorismo y rebelión a la que consideró dirigente de los CDR Tamara Carrasco. Su tesis no coincidió con el criterio del juez Diego de Egea, que la dejó en libertad por desórdenes públicos y acabó enviando la causa a los juzgados de Viladecans.
Los dos detenidos este lunes que accedieron a declarar ante los agentes lo hicieron después de que les mostraran vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de ellos haciendo pruebas con las sustancias explosivas. Los dos activistas que han confesado se encargaban, precisamente, de la fabricación y combinación de esas sustancias, según informan fuentes cercanas a la investigación.
Las mismas fuentes confirman que, a raíz de la confesión, otros miembros del grupo de activistas de los CDR radicalizados han comenzado a renunciar "como un castillo de naipes" a las coartadas que esgrimían. No es el caso de uno de los encargados de la "cocina" de explosivos, que se supo grabado desde los primeros momentos del arresto, antes de salir de Barcelona. Ninguno de los arrestados ha querido hasta ahora asumir ante la Guardia Civil el liderazgo del grupo.
