El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona que investiga el llamado 'caso Inipro'. En el mismo se investigan presuntos delitos demalversación, tráfico de influencias, prevaricación yalteración de precios de subastas. En el auto dado a conocer este viernes, el juez considera que Ballesteros autorizó pagos del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) a la empresa Inipro por un total de 214.000 euros a pesar de que había recibido hasta siete advertencias de irregularidad. Ballesteros ha explicado en una conferencia de prensa que es el primer interesado en aclarar la situación y que colaborará con la Justicia.
Ballesteros ha sido llamado a declarar el próximo 26 de enero en calidad de investigado (según la nueva terminología aprobada en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal). En las mismas circunstancias, también tendrán que declarar otras diez personas, entre las que se encuentran la exconcejal de Serveis Socials Victoria Pelegrín; el exgerente del IMSS Antonio Muñoz y Alejandro Caballero, trabajador de Inipro y dirigente de las juventudes socialistas del PSC de Tarragona.
DENUNCIA DE LA CUP
Los hechos que se investigan se remontan a una denuncia presentada por la CUP de Tarragona en el 2013, antes de que consiguiera en las últimas elecciones municipales tener representación en el consistorio. El auto judicial también requiere al ayuntamiento que remita la relación de trabajos realizados por Inipro entre el 2010 y el 2012, mientras que a la empresa le reclama una memoria detallada de los trabajos realizados durante el mismo periodo.
El juez explica que el IMSS de Tarragona invitó en el 2010 a tres empresas (Inipro, Itinere y Gallets Asociados) para concursar en la adjudicación de servicios para la atención a inmigrantes. Curiosamente, las tres empresas están relacionadas entre sí y, con ello, se habría incurrido en las primeras irregularidades. "Inipro e Itinire presentaron dos proyectos tan iguales que incluso tenían las mismas faltas de ortografía", ha explicado Laia Estrada, actual portavoz municipal de la CUP y firmante de la denuncia presentada en el 2013.
COLABORAR CON LA JUSTICIA
El primer contrato entre el IMSS e Inipro se firmó en el 2010 por valor de 61.000 euros, pero seguidamente se hicieron dos prórrogas, presuntamente de forma irregular, mediante las que la empresa facturó un total de 275.000 euros. El juez también duda de la necesidad del trabajo encomendado a Inipro (fomentar el asociacionismo entre los inmigrantes) y de que realmente se llevara a cabo, ya que de las 15 asociaciones de inmigrantes documentadas en el 2015, 12 ya existían en el 2010, detalla el auto.
Ballesteros se ha mostrado tranquilo y ha insistido en que su actuación ha estado siempre dentro de la legalidad. "Soy el primer interesado en aclarar las ombras que planean sobre mi gestdión", ha dicho el alcalde, que ha explicado que firmó las facturas de Inipro por decreto porque existía la certificación técnica de que se habían hecho los trabajos. No hacer los pagos, a pesar de que no se había seguido el procedimiento legal de contratación, habría producido "un enriquecimiento injusto" por parte de la Administración, ha precisado.
