El juez de Barcelona que ordenó este miércoles las entradas y registros en varios departamentos de la Generalitat y en empresas privadas está investigando si el Ejecutivo catalán se ha gastado 6,2 millones de euros en organizar el referéndum del 1-0. El magistrado solicitó a la Guardia Civil que requisara documentación sobre las partidas presupuestarias sobre procesos electorales que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. Una es de la Conselleria de Governació; de 407.000 euros, y otras de los fondos interdepartamentales, que suman 5,8 millones.
Según fuentes conocedoras de la investigación, los agentes copiaron información del sistema informático de las sedes de Vicepresidència, Economia, Afers Socials, Exteriors i Governació. En los domicilios particulares registrados también se incautaron ordenadores y teléfonos móviles, incluso de familiares de algunos detenidos.
