El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha obligado a la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno (PSOE) y a sus ediles a devolver 170.000 euros que cobraron al subirse por decreto su sueldo, una decisión en contra de la oposición y llevada a los tribunales por el PP.

La orden se realiza después de que el pasado 27 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmara la nulidad del decreto firmado en julio del 2015 por la alcaldesa, que establecía las retribuciones económicas de los ediles.

En una diligencia de ordenación del pasado 5 de octubre, el juez interesa al Ayuntamiento que en el "plazo de diez días participe a este Juzgado cuál será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia" y advierte de que, "transcurridos dos meses, cualquiera de las partes y personas afectadas podrán solicitar la ejecución forzosa de la sentencia".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid de declarar nulo el decreto a instancias de los grupos de la oposición PP e Iniciativa por Aranjuez (In-par).

En concreto, el sueldo de la alcaldesa ascendían a 55.000 euros, 48.000 para los tenientes de alcalde y 44.000 para el resto. Ahora, deberán devolver estas cantidades.

Dinero ilícito a sueldos

Ante ello, la exalcaldesa y portavoz del Grupo de concejales del Partido Popular, María José Martínez de la Fuente, ha subrayado que la Justicia ha demostrado que Moreno "utilizó un decreto ilegal para destinar ilícitamente dinero público a su sueldo y al de los concejales socialistas".

"Desde un claro déficit democrático dejó sin recursos a la oposición tratando de limitar el control de la gestión de su Gobierno", ha señalado al tiempo de insistir en que tiene que "devolver a las arcas municipales los 170.000 euros ilegalmente cobrados, más los intereses legales correspondientes, ya que ese dinero jamás debió salir de la Tesorería Municipal".

Y ha aclarado que "esta es la cantidad global que utilizaron en beneficio propio del dinero de los ribereños amparándose en un Decreto cuya ilegalidad ha sido ratificada en firme por los Tribunales de Justicia".

Sobre la devolución del dinero, ha señalado que "si transcurrido ese plazo los socialistas no han repuesto ese dinero, acudirán de nuevo a los Tribunales para solicitar la ejecución forzosa así como la imposición de las sanciones correspondientes por desobediencia a la Justicia".