El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón estudia si debe reclamar la investigación de los disturbios que se están produciendo en Cataluña en protesta por la sentencia del procés. Se plantea si debe incorporarlos o no a la causa que ya instruye por integración en organización terrorista, conspiración para cometer atentados y tenencia de explosivos contra siete radicales independentistas, de la que separó una pieza para investigar a Tsunami Democràtic por los dos primeros delitos, confirmaron fuentes jurídicas a este diario.
De momento, los enfrentamientos que se vivieron entre jóvenes radicales y policías, sobre todo a mediados de octubre, tras conocerse las condenas a prisión a los líderes del procés, se instruyen en distintos juzgados catalanes por distintos delitos, como atentado contra la autoridad, lesiones o daños. En ningún caso se ha apreciado terrorismo, delito que precipitaría la competencia de la Audiencia Nacional para poder investigar esos hechos de forma conjunta y así tratar de determinar su estructura e identificar a sus promotores y organizadores, objetivo principal de la investigación abierta por el juez García-Castellón.
Pese a ello, según informó Europa Press, Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil ya han remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional los cortes en la AP-7 convocados entre el lunes y el miércoles por Tsunami Democràtic, además del frustrado sabotaje de ayer contra el AVE en Bàscara (Gerona) donde fue identificado un coche propiedad de Carola Torra, una de las hijas del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Los Mossos identificaron el coche en un dispositivo policial para evitar un intento de cortar la línea del AVE por parte del grupo independentista Segona Onada, que agrupa a varios CDR de Girona. Los Mossos identificaron el vehículo, si bien no pudieron comprobar quién había en su interior, ya que únicamente lograron anotar su matrícula.
Además, la Policía Nacional denunció ante el juez a 26 personas por desórdenes públicos, entre ellas dos sobrinos del presidente Quim Torra, a los que identificó tras desalojar el miércoles a los independentistas que cortaban la AP-7 en Salt (Gerona)
LA FISCALÍA / En cualquier caso, la fiscalía todavía no ha instado al magistrado a reclamar los disturbios, como sí hizo con la apertura de la investigación por terrorismo y estragos contra Tsunami Democràtic. Fue en esa pieza, abierta tras las primeras protestas en el aeropuerto de El Prat de Barcelona -en la que hasta participó la esposa de Torra-, en la que se acordó la clausura por orden judicial de varias páginas web en las que comunicaban sus convocatorias, lo que, sin embargo, no ha podido neutralizarlas.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió prisión para siete de los presuntos miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) detenidos en septiembre y esta semana ha defendido mantenerlos encarcelados por la gravedad de los hechos.
