El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha iniciado los trámites para sentar en el banquillo al exconsejero y expresidente de las Corts Valencianes Juan Cotino y otras 23 personas por la comisión de al menos ocho delitos en la contratación de las pantallas y megafonia con motivo de la visita del Papa a Valencia en el 2006. El togado les imputa, entre otros, los delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo y delito contra la Hacienda.
Entre los imputados también figuran el exdirector de Canal 9 Pedro García Gimeno, varios altos cargos de la televisión pública valenciana y los principales cabecillas de la 'trama Gürtel':Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y Jose Ramón Blanco Balín (exconsejero de la empresa Teconsa).
Además, el juez incoa una pieza separada para ampliar la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación de la Comunidad Valenciana con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró durante la visita del Pontífice en las fechas investigadas.
El juez desgrana las actuaciones de la red que dirigía Correa, cuyos miembros aprovecharon la visita del Papa, en junio de 2006 para lograr la adjudicación de forma ilícita de contratos pública y apropiación de fondos públicos para su enriquecimiento personal. Los hechos se acotan a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonia.
Los investigados decidieron que el coste de ese suministro, que fijaron en siete millones de euros, lo llevaría a cabo el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del grupo Correa.
El juez señala a Juan Cotino como "factótum" y "elemento nuclear de la Fundación como responsable último de sus contratos, "manejando desde atrás", pero en común acuerdo con el entonces director de la televisión pública valenciana. Cotino, según el togado "consiguió su propósito de que se adjudicarán al grupo Correa los servicios mencionados". De esta forma utilizaron los fondos públicos de la RTVV para realizar el pago, permitiendo a Garcia Gimeno aprobarlo con un amplio sobrecoste, con el que se enriquecieron personalmente los miembros del grupo.
Aquel convenio entre la fundación y la televisión pública valenciana supuso un desembolso ilícito de 7.493.600 euros, un precio "desorbitado y notoriamente superior al del servicio realmente prestado" según el juez, que cifra en 3.300.000 euros los fondos sustraídos de RTVV. El magistrado también actúa contra los funcionarios que formalizaron el convenio y contra los que posteriormente participaron en la mesa de contratación que terminó adjudicando a Teconsa el contrato sin publicidad y tramitado por urgencia.
EL REPARTO
El juez relata cómo Teconsa, empresa constructora que no tenía experiencia alguna en organizar eventos, terminó subcontratando a tres empresas que finalmente colocaron las pantallas por un valor de 2.994.200 euros.
El magistrado detalla la apropiación y reparto de los fondos sustraídos, que alcanzan los 3.387.197 euros repartidos supuestamente entre Correa, Crespo, Alvaro Pérez ( 500.000) Blanco Balín ( 249.000) y el propio director de RTVV , Garcia Gimeno ( 500.000)
Correa y Crespo se beneficiaron según el juez en 957.305 euros más otros 230.000 destinados a financiar una operación inmobiliaria en el municipio alicantino de la Nucía. El juez cifra en casi un millón de euros los pagos realizados a proveedores de las obras realizadas en la casa que Correa tenía en Ibiza.
