Tanto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como la fiscala Ana Noé quieren concluir cuanto antes la instrucción de los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas y un centenar resultaron heridas. El motivo principal de esa urgencia es que en la causa hay tres presos y el próximo 10 de octubre se cumplirá un año desde que fueron procesados, dos de ellos por integración en la célula terrorista que cometió los atropellos masivos y un tercero, como colaborador.

Fuentes jurídicas han señalado a EL PERIÓDICO que para poder dar por concluida la instrucción y pasar a la fase en la que las partes preparan el juicio oral, falta por recibir un informe policial. El magistrado ya ha rechazado por innecesaria y irrelevante, para determinar la responsabilidad de los tres procesados, la petición de Javier Martínez, padre del niño de 3 años muerto en la Rambla, con la que pretendía iniciar una nueva línea de investigación en relación a una supuesta responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados. Se basaba en la publicación por Público de un informe apócrifo sin contrastar con prueba alguna.

En el auto el juez recuerda que las conversaciones entre los miembros de la célula terrorista se obtuvieron del análisis de sus ordenadores y dispositivos móviles, no por escuchas antes de los atentados. Insiste en que en el procedimiento no consta informe alguno de inteligencia ni ningún otro indicio en el que dé fundamento a las pruebas solicitadas más allá de que agentes del CNI se entrevistaron en 2012 y 2014 con el que era imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satty, en la cárcel de Castellón, donde cumplía condena por narcotráfico. Al respecto fuentes jurídicas afirman que se trata de una práctica policial habitual cuando aparece la menor referencia al yihadismo; en el caso de Es Satty fue en que en su defensa dijo que le habían amenazado yihadistas.

VÍCTIMAS HASTA EN SENTENCIA

Entre las últimas decisiones del juez también estuvo la denegación de personación de 20 personas que se consideraban víctimas de los atentados, pero que, tras su examen forense, se ha determinado que no cumplen los requisitos legales para adquirir esta condición. Las fuentes consultadas señalaron que la condición de víctima se puede adquirir hasta en ejecución de sentencia, una vez celebrado el juicio, por lo que en ningún caso esta circunstancia ha paralizado la instrucción.

Lo que sí puede retrasarlo es que los colectivos de víctimas personados en el procedimiento quieren que los tres procesados respondan también por los atentados, pero tanto el primer instructor, Fernando Andreu, como el actual, consideran que al haberse improvisado los atentados no puede atribuírseles responsabilidad. Ese criterio también es compartido por la fiscalía, que en su momento informará a favor del fin de la instrucción, mientras que las acusaciones populares previsiblemente volverán a intentar que los tres presos tengan que responder por los muertos y heridos para intentar que se eleve la indemnización que les corresponde.