La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no quiere dar alas al argumento de la Abogacía del Estado de que el procedimiento que instruye para determinar la incidencia en el covid de la manifestación del 8-M es una «causa general». Ha rechazado incluir como denunciado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad desde el año 2012, Fernando Simón.
La providencia de la magistrada ha sido respondida por un recurso de los servicios jurídicos del Estado, al que ha tenido acceso este diario, en el que se oponen a las citaciones fijadas, entre ellas la del único imputado de la causa, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, hasta que la Audiencia de Madrid resuelva su impugnación contra la admisión a trámite de la denuncia inicial. La interpuso el abogado no ejerciente Víctor Valladares y también se dirigía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los delegados del Gobierno por no haber impedido estas concentraciones. La jueza solo la admitió en lo relativo al delegado madrileño, el único al que puede investigar.
Respecto a la imputación de Simón, la magistrada precisa que «los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo», cuando se decretó el estado de alarma. Como hay al menos dos procedimientos en otros juzgados contra el director del centro de alertas, deberá ser ahí donde, en su caso, se inste la imputación.
La jueza, que ha admitido la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, pero aún tiene pendiente la de la asociación de Valladares, rechaza también imputar a funcionarios de la Delegación del Gobierno sin identificar a los que se atribuyen delitos contra la vida, la integridad física o el ejercicio de libertades.
CITACIONES / Cita para el 11 de junio a siete convocantes de manifestaciones citados en el informe de la Guardia Civil que, según fuentes del cuerpo, provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia madrileña.
La Abogacía del Estado denuncia «el perjuicio que se está causando» a Franco por las diligencias realizadas durante el estado de alarma, pese a no ser urgentes, y el «claro sesgo acusatorio» del informe del instituto armado que hace parecer que «lo sospechoso y lo criminalmente reprobable fue gestionar la desconvocatoria voluntaria» de manifiestaciones antes del 9 de marzo, cuando se vio la dimensión real del virus. Ángeles vázquez
