El juzgado 6 de instrucción de Sevilla ha dado orden de archivarla causa contra una veintena de exaltos cargos públicos de la Junta de Andalucía al entender que tras el supuesto fraude de los cursos de formación para el empleo no hay más que "irregularidades administrativas", por lo que los exresponsables políticos no cometieron delitos de prevaricación o malversación. La jueza, como ya hizo en septiembre la Fiscalía Anticorrupción, entiende que no se ha producido una "red clientelar", y considera poco significativo que de las 18.000 empresas o entidades beneficiarias solo 39 tuvieran relación con elPSOE, partido que gobierna la Junta.
La decisión de la jueza se refiere solo a la considerada pieza políticadel caso, que afectaba a 24 exaltos cargos de la Administración como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los delegados provinciales de este departamento o miembros del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Sin embargo, choca con las consideraciones de otros juzgados provinciales, como Huelva, que sí han considerado constatado el fraude tras hallar facturas infladas o por conceptos disparatados o irreales. En este caso, sí se ha apuntado a la responsabilidad de la Junta por "acción u omisión" en el control de estos fondos públicos.
SIN DIRECTRICES
Mientras esos procedimientos contra empresas concretas siguen su curso --hay una veintena de causas abiertas en toda la comunidad por este asunto--, la pieza principal, que hace referencia a la connivencia de la cúpula del Gobierno regional para hacer la vista gorda y traza paralelismos con el 'caso ERE' en cuanto al descontrol de los fondos destinados al empleo, se ha desinflado. Al contrario que la jueza que inició el caso, Mercedes Alaya, la actual instructora ha seguido el criterio de Anticorrupción y entiende que no se puede hablar de una "red clientelar" para el reparto de los fondos públicos en determinados entramados empresariales afines a los socialistas.
Así, subraya que "no se ha constatado la existencia de instrucciónalguna en este sentido, ya sea verbal o escrita", para que losfuncionarios encargados de tramitar las subvenciones escogieran como beneficiarios a "aquellos que consideraban afines al partido" y que, por tanto, habría participado de la trama. La jueza critica el papel de la acusación particular del PP, cuyo examen de la supuesta trama carece, dice, del "más mínimo rigor". Y reprocha a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el "error del que se parte" al señalar que "una subvención no está justificada" o falta documentación. "No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están", abunda la magistrada, pero "el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco".
Pese a que el juzgado no haya hallado indicios de una supuesta prevaricación desde la Junta de Andalucía, otros juzgados sí han podido detectar pequeños fraudes. De hecho, la propia Administración reclama 90 millones de euros en firme en conceptos de subvenciones a la formación que no han sido justificadas debidamente.
El origen del 'caso Edu'
El supuesto fraude de la formación saltó a la luz en primavera del 2004, cuando fuentes policiales deslizaron la investigación de un supuesto fraude multimillonario en los casi 3.000 millones de euros que Andalucía destinó a la formación para el empleo, una de los principales problemas de la región, entre el 2007 y 2012. Varias operaciones policiales con detenidos, en el marco del denominado 'caso Edu', pusieron al descubierto que algunas empresas incumplían los compromisos de contratación de los estudiantes, falseaban los listados de alumnos o, directamente, no impartían los cursos. Otras empresas se creaban ad hoc para recibir los fondos, dado que el grueso del dinero se recibía al ser aceptada la solicitud, y desaparecían antes de tener que justificar la celebración de la actividad para recibir el resto. Asimismo, se desvelaron factura infladas, irreales o por conceptos disparatados. El supuesto fraude llegó incluso al Parlamento regional, cuyos grupos trabajan ahora en las conclusiones de la comisión de investigación que tiene que depurar las responsabilidades políticas.
