La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha elevado a la Sala de lo Penal la causa seguida contra los nueve acusados de participar en la agresión sufrida por un teniente y un sargento de la Guardia Civil en un bar de Alsasua (Navarra) el pasado 15 de octubre, para que sean juzgados por delitos de terrorismo.
La magistrada, que ya puso fin a la instrucción del sumario cuando procesó a los nueve jóvenes indentificados como autores del ataque, dejó en libertad el pasado 20 de diciembre a cuatro de los siete que se encontraban entonces todavía en prisión. El auto de procesamiento por delito de terrorismo en concurso ideal con lesiones y delito de odio fue recurrido por las defensas y la Sala aún no se ha pronunciado sobre las impugnaciones.
La jueza Lamela enmarca la agresión en el "hostigamiento" a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos, y que opera en el municipio navarro. "Todos conocían con anterioridad la condición de guardia civiles del teniente y el sargento, siendo ésta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados", dice.
Considera que la campaña cuenta "con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai". De hecho, concreta que en la localidad de Alsasua tuvo su origen este movimiento en marzo de 2011, cuando se creó la denominada 'Comisión Antirrepresiva de Alsasua' que ha venido desarrollando diferentes actividades.
Los procesados que permanecen en prisión son Jokin Unamuno Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz Ciordia, a los que la magistrada atribuye un "especial liderazgo" y protagonismo en la agresión. Por ello, no puede asegurarse que, de quedar en libertad no vayan a atentar contra bienes jurídicos de las víctimas o incluso puedan cometer otros hechos delictivos.
En cambio, el pasado 20 de diciembre, dejó en libertad a Aratz Urrizola, Julem Goicoechea Larraza, Jon Ander Cob Amilibia e Iñaki Abad Olea, porque consideraba "difícil" que puedan ocultad, alterar o destruir fuentes de prueba o que puedan actuar contra bienes jurídicos de las víctimas, por lo que ha decidido atenuar la situación en la que se encontraban. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 les impuso comparecencias dos veces a la semana en el juzgado más próximo a su domicilio, prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte, mientras esperan la celebración del juicio.
En las vistas en las que las defensas defendieron sus recursos, el ministerio público destacó que los jóvenes están acusados de la comisión de un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio, que lleva aparejadas penas de hasta 15 años, lo que incrementa el riesgo de que intenten sustraerse a la acción de la justicia.
