La Sección 23 de la Audiencia de Madrid inaugura hoy la nueva etapa tras la pandemia del coronavirus con el primer juicio que se celebra por malas prácticas policiales durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Se trata del relativo a la introducción irregular de un pendrive en el caso Pujol, en lo que parece una muestra de actuaciones cuando menos cuestionables realizadas por la Policía en relación con Cataluña. En el banquillo de los acusados se sientan el exnúmero dos del cuerpo Eugenio Pino y su subordinado, el inspector Bonifacio Díez Sevillano.
La voz de alarma la dio el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata al sospechar del origen de un pendrive aportado a la causa en la que investiga a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Consideró que podía ser constitutivo de un delito de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio, y lo remitió a los juzgados de Madrid. La causa siguió adelante, pese a que la fiscalía pidió su archivo al entender que no había indicios suficientes contra los acusados, encuadrados en lo que se conoció como policía patriótica.
La acusación popular que ejerce Podemos, en cambio, cree que sí y solicita 10 años y medio de cárcel por estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos. Podemos no tiene dudas de que tanto Pino como Díaz Sevillano, «actuando de manera concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa en la dirección adjunta operativa de la Policía, facilitaron a la UDEF un dispositivo electrónico con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose el real».
También lo hará Jordi Pujol Ferrusola, personado como víctima, que solicita dos años y medio de cárcel para Pino y otros tantos para Díaz Sevillano por descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público.
