El juicio del procés entrará esta semana en una nueva fase, en la que la acusación que ejerce Vox por fin podrá demostrar su verdadero interés en la causa: el electoralista, que teme especialmente el PP y que ha denunciado sin éxito la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o la defensa de los intereses colectivos de los ciudadanos como corresponde a quien ejerce la acción popular.

Hasta ahora, las declaraciones de los acusados, que finalizarán mañana con las del propio Cuixart y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, le han obligado a guardar silencio durante las sesiones ya celebradas, puesto que ninguno de los 12 ha entendido necesario responder a quien solicita para ellos más de tres veces la pena que pide el fiscal. Además, los dos únicos momentos de gloria que intentaron, al tratar de leer las preguntas que querían hacer al líder de ERC, Oriol Junqueras, o porque el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez luciera un lazo amarillo, fueron cortados de raíz por el presidente del tribunal, Manuel Marchena.

El miércoles será el primer día en que declaren los políticos citados como testigos. Y ninguno, aunque quiera, puede negarse a contestar a Vox. El primero será el diputado de ERC Joan Tardá. Después le seguirán el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el expresident Artur Mas.

Pero nadie duda de que el plato fuerte lo constituirán la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro Cristóbal Montoro y ya por la tarde el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Al día siguiente, lo harán, entre otros, el exministro Juan Ignacio Zoido y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Vox tendrá el honor de inaugurar el interrogatorio de Rajoy, porque lo propuso esta acusación. Versará sobre los requerimientos que se cruzó con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont antes de aplicar el artículo 155 y si el Consejo de Ministros debatió la declaración de estado de sitio.

Tanto quien fue jefe del Ejecutivo como su número dos estarán obligados a responder sobre las razones que les llevaron a desplegar el 155 y a explicar el modelo de intervención que eligieron. Por tanto, también a defenderla justo en el momento en que el propio PP sugiere que fue insuficiente y, para las elecciones del 28 de abril, ya ha decidido hacer bandera de un 155 severo y sin fecha de caducidad.

Por eso su declaración es un mal trago para los populares en estos momentos, según reconocen en el partido. Primero, por la tensa relación que mantienen con Vox, a quien creen necesitar para llegar al Gobierno como ocurrió en Andalucía pero con el que, a la vez, mantienen una batalla electoral por el votante de derecha. Que se dé la circunstancia de que la organización ultra interrogue al expresidente en plena precampaña y sobre las relaciones con Cataluña preocupa en la sede de la calle Génova. En el entorno de Casado se teme que Vox aproveche para justificar sus acusaciones de que la política de Rajoy respecto a la crisis catalana fue «acomplejada».