Hay al menos dos maneras de ver el juicio contra los líderes independentistas que empieza mañana: como un principio o como un final. La primera es la del soberanismo, que lleva meses tratando de presentarlo como un nuevo punto de inflexión, como la oportunidad de demostrar públicamente que se ha cometido una injusticia. Y eso debería servir, piensan, para romper por fin el empate en el sentimiento de pertenencia de la sociedad catalana. La segunda es la del constitucionalismo, que lo espera como epitafio del procés. En el centro hay todo un universo de términos medios, pero, bajo todo punto de vista, está claro que lo que pase en el Tribunal Supremo en las próximas semanas marcará el escenario político catalán y español durante meses, quizás años.
Evidentemente, este resumen está incompleto sin las subtramas que recorren la situación. Mientras duren las declaraciones judiciales y algunos de los principales responsables del referéndum unilateral del 1 de octubre del 2017 y de la posterior declaración de independencia fallida desfilen por el banquillo de acusados, se estarán también dirimiendo asuntos como la hegemonía dentro del movimiento soberanista, cuándo se celebrarán las próximas elecciones en Cataluña o hasta qué probabilidades tiene Pedro Sánchez de terminar el año en la Moncloa.
Durante varias semanas, se va a poner el foco en el convulso octubre del 2017 y en los meses que lo precedieron. El soberanismo no cree que deba hacer autocrítica pública sobre por qué no cumplió sus objetivos. Los acusados se centran en defender su inocencia, y en los escritos de las defensas sobresalen dos argumentos: el primero, que no hubo violencia, y por tanto no puede hablarse de rebelión. Y que si la hubo, estuvo solo en la represión policial. El segundo: que convocar un referéndum no es delito desde el año 2005, cuando el PSOE lo sacó del Código Penal. Pero 12 de los principales dirigentes del movimiento independentista en los últimos años se enfrentan a penas abultadas de prisión.
PRESOS Y PRESUPUESTOS / La casualidad ha querido que la misma semana que empieza el juicio más trascendente de lo que llevamos de siglo -al menos para la articulación del Estado-, los Presupuestos de Pedro Sánchez se examinen por primera vez en el Congreso. Si PDECat y ERC los tumban de entrada, en respuesta a lo que consideran una persecución política en sede judicial, el presidente tendrá muy difícil llegar hasta el 2020, como pretende. La desmesurada reacción de PP y Cs contra el relator que había pactado con la Generalitat da una idea de la intensidad con la que la oposición va a asediarlo por el flanco de un supuesto entreguismo a los independentistas.
Vox lo tendrá más fácil que sus rivales. La formación de extrema derecha tendrá en el juicio un escaparate de lujo, porque ejerce la acusación popular y estará representado por su secretario general, el mediático Javier Ortega Smith. Con sus interrogatorios a, entre otros, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, el dirigente de Vox intentará poner contra las cuerdas al PP y seguir explotando el filón catalán, que ya ayudó al partido a irrumpir con fuerza en el Parlamento andaluz.
El independentismo lleva preparando el juicio desde hace más de un año. La legislatura catalana, que nació con fórceps en mayo, ha estado vacía de contenido precisamente a la espera de que haya una sentencia. Los presos preventivos han condicionado completamente la actividad política, empezando por lo estético: varios lazos amarillos de grandes dimensiones ocupan los escaños de los encarcelados y los exiliados en cada pleno del Parlament.
Eso no significa que el Govern sepa qué hacer después. Quim Torra, que no ha ocultado su vocación de president interino, ha anunciado varias veces que no «aceptará» condenas, pero nunca ha explicado qué significa eso. Amaga con otra declaración de independencia, pero fuentes del Govern admiten que una de las alternativas que se barajan como respuesta es convocar elecciones, para tratar de aprovechar la indignación que las eventuales condenas generarán en el independentismo.
CISMA INDEPENDENTISTA / No hay concreciones porque los partidos no se ponen de acuerdo en cuanto a la estrategia. El juicio llega con el perenne enfrentamiento entre Puigdemont y Junqueras en su punto álgido. El líder de ERC, que apuesta por atraer a los comuns para ampliar la base del independentismo, presumió de responsabilidad ética: «Sócrates y Séneca pudieron huir, y no lo hicieron». Puigdemont, incuestionable destinatario del mensaje, se revolvió: «Tendré paciencia hasta la sentencia, después cada uno explicará lo que tenga que explicar».
Es probable que las heridas mal curadas de la gestión de la DUI y de los días posteriores se reabran durante el juicio. Se espera con gran expectación la declaración de Junqueras, que tendrá que hilar fino si quiere ser coherente con el giro contemporizador que ha impuesto en ERC desde que está en prisión. Está por ver también si aprovecha para lanzar algún mensaje más o menos velado a Puigdemont y a JxCat, que insisten en formar listas unitarias soberanistas a las municipales y las europeas pese a la evidente falta de interés de los republicanos.
El expresident seguirá con inquietud el juicio desde Waterloo. Durante los meses que dure, lo tendrá difícil para acaparar la atención, aunque en las últimas semanas su entorno se haya dedicado a especular de nuevo con su vuelta a Cataluña, y a anunciar que no renuncia a la investidura. Durante la vista oral, la figura de referencia del independentismo que no comulga con ERC será Jordi Sànchez, a quien Puigdemont ha fichado para la Crida y que se perfila como un actor principal en el futuro político inmediato.
OFENSIVA INTERNACIONAL / Sí coincide todo el independentismo en que el juicio debe ser un «altavoz» para su causa. La Generalitat ha puesto el foco en las demostraciones públicas y, sobre todo, en la divulgación internacional. En ese ámbito competirá con la ofensiva del ministro Josep Borrell, que se ha propuesto plantar cara al relato de que la democracia española es defectuosa.
El juicio al procés va a deparar un combate apasionante cuyas consecuencias son difíciles de prever. El Gobierno teme que se convierta en un obús que arrase con el precario puente que trata de construir con la Generalitat. Y en esta amalgama de socios inesperados e intereses inconfesables, la oposición y una parte del independentismo esperan ver hundirse cuanto antes esos pilares.
