Los responsables de la trágica fiesta de Halloween celebrada en elpabellón Madrid Arena en el 2012 se sientan en banquillo a partir de este martes. Son un total de 15 acusados entre los que no figura ningún cargo político de la Administración de Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, y cuyas penas máximas pueden alcanzar los cuatro años de cárcel, un castigo que para las familias de las cinco jóvenes fallecidas y la treintena de heridos es “un insulto” a su memoria.
El juicio ha generado una gran expectación, con 60 medios y 200 profesionales acreditados. Empezará con las cuestiones previas, que pueden llevar un par de días, y continuará con la declaración deMiguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, a la que seguirá la del resto de los acusados. Dado el gran número de pruebas, peritos y testimonios que se presentarán, el fiscal estima una vista muy larga, deentre cinco y seis meses. También intervendrán las siete acusaciones particulares y las dos populares (el grupo municipal del PSOE y Manos Limpias), así como cuatro responsables civiles directos y seis subsidiarios.
SOBREAFORO DESMESURADO
El principal encausado y el hombre en el que se fijarán todas las miradas es Flores. A él le atribuyen al unísono el juez, las acusaciones particulares y populares y la fiscalía la mayor responsabilidad por haber permitido un “desmesurado sobreaforo” que propició las avalanchas mortales producidas en una de las vías de salida.
De los 7.000 espectadoresque figuraban en el contrato se pasó a dejar entrar a unos 23.000 sin que se modificaran las medidas de seguridad previstas ni estuvieran abiertos más que tres de los ocho vomitorios del pabellón. Los cinco restantes estaban obstruidos por barras para servir comidas y bebidas y el escenario.
“No fue un accidente, sino un hecho absolutamente evitable, una imprudencia, una falta de cuidado, una omisión, que contribuye al resultado”, ha explicado el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, que ha asegurado que no sería “legal” solicitar una pena superior. La petición de la fiscalía es de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, pero el Código Penal impide que se acumulen las penas de cada uno de ellos.
Flores basará su estrategia en negar que se superara el aforo y alegará que, en caso de que esto se hubiera producido, tampoco influyó en las muertes. Ni siquiera ha presentado previamente escrito de defensa, lo que equivale a no reconocer ninguno de los hechos delictivos que se le imputan, a declararse totalmente inocente.
GESTORES Y SANITARIOS
El resto de los acusados son responsables de las empresas de seguridad Seguriber y Kontrol 34 y los responsables de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, encargada de la gestión del pabellón, así como los médicos y enfermeros que atendieron a las víctimas. Las peticiones de penas van desde esos cuatro años de cárcel a dos años y medio, mientras que las indemnizaciones reclamadas por la fiscalía oscilan entre los 243.587 euros de las familias de los fallecidos y los 259 euros de uno de los heridos.
La avalancha mortal se produjo a las tres de la madrugada, durante la actuación del disc-jockey Steve Aoki. Un poco antes, unos 3.000 jóvenes que hacían botellón en las proximidades del recinto habían entrado precipitadamente sin que los servicios de seguridad, con varias de sus cámaras averiadas, llegaran a intervenir. Tampoco lo hizo la policía municipal, cuyo máximo responsable en esos momentos,Emilio Monteagudo, se sentará en el banquillo imputado a instancias de las acusaciones particulares y populares pero exonerado por la fiscalía.
Los principales acusados
Miguel Ángel Flores. Máximo responsable de la organización del evento a través de la sociedad Diviertt. Sus estrechos lazos con los dirigentes locales del PP le permitían actuar con manga ancha. También está acusado de ocultar pruebas al intentar esconder las urnas que contenían las entradas. Los número dos y tres de Diviertt también se sientan en el banquillo.
Simón y Carlos Viñals. Padre e hijo eran los médicos responsables de la enfermería. No diagnosticaron que dos de las chicas al llegar a la sala de curas aún estaban en parada cardiorrespiratoria y dictaminaron que ya habían fallecido. "Su conducta fue errática, insuficiente y gravísimamente lesiva", dice el auto de procesamiento respecto al primero.
Emilio Monteagudo. Jefe de la Policía Municipal de Madrid. Toleró la realización de un botellón masivo en el entorno del pabellón sin evitar que sus integrantes entraran en su interior. "Tenía la obligación de evitar o aminorar los efectos del botellón", según el auto.
Francisco Amo López. Coordinador de proyectos de la sociedad municipal Madrid Espacios y Congresos (Madritec), la empresa del ayuntamiento que gestionaba el recinto. Sostuvo durante la instrucción que desconocía prácticamente todo lo que ocurría. Otros dos directivos de la sociedad, también acusados, formularon una parecida declaración de ignorancia.
José Antonio Díaz Romero. Jefe de equipo de Seguriber, la empresa encargada de la seguridad del recinto. "Tuvo un lamentabilísimo papel protagonista", asegura el auto. A su compañero Roberto Mateos, también acusado, se le culpa de "abandonar su puesto de trabajo frente a las cámaras sin avisar". Otros dos responsables de la empresa se sientan en el banquillo.
Carlos Manzanares. Propietario y apoderado de Kontrol 34, la empresa encargada de controlar los accesos. Se le acusa de no preocuparse de "que sus trabajadores relicen su función". Por razones parecidas se sienta en el banquillo el socio minoritario de la misma sociedad.
LAS PREGUNTAS
¿Qué ocurrió en la fiesta?
Una avalancha debida al exceso de aforo acabó con la vida de Critina Arce y Katia Esteban, de 18 años. Ambas fallecieron en el recinto sin que el servicio médico actuara. Rocío Oña, también de 18 años, murió en el hospital, mientras que Belén Langdon, de 17, y Teresa Alonso, de 20, fallecieron días después a causa de las heridas.
¿Cómo se vendieron las entradas?
Pese a que en el contrato figura un aforo máximo de 7.000 personas, los informes señalan que se imprimieron 17.500 entradas, mientras que otras 5.635 se vendieron por internet. A esto habría que añadir los asistentes que revendieron sus billetes una vez habían entrado y las 3.000 personas que entraron en tromba procedentes de un botellón.
¿Por qué no hay ningún político acusado?
La fiscalía entiende que la reponsabilidad de los dirigentes municipales encargados de la seguridad o del recinto no tiene relevancia penal. Antonio De Guindos, concejal de Seguridad, llegó a estar imputado, lo que llevó a su dimisión, pero posteriormente quedó exonerado. Antes habían dimitido los concejales Miguel Ángel Villanueva, Fátima Núñez y Pedro Calvo. El escándalo enturbió el mandato de Ana Botella, quien tras la tragedia se fue a un spa de Portugal.
