El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, encarcelado desde el 2 de noviembre en la causa por rebelión, ha vuelto a insistir en su petición de ser trasladado a la prisión catalana de Brians-I y poder asistir a los plenos del Parlament catalán. En su recurso contra la negativa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a permitirle salir de prisión se considera una «distorsión de la institución parlamentaria» el que ni él ni los también diputados electos Jordi Sànchez y Joaquim Forn puedan ejercer sus derechos políticos en la Cámara.

Según el escrito, «no resulta de recibo apelar a la existencia de un riesgo asociado a la movilización o apoyo popular» que pudieran tener los diputados presos para negarles el permiso para acudir a los plenos. «Si una movilización popular no permite cercenar los derechos políticos de alguien en libertad, a quien se puede apoyar públicamente de forma masiva, no tendría que hacerlo tampoco para alguien en prisión provisional», situación que atribuye a que el magistrado «olvida que la medida cautelar de prisión provisional es compatible con el ejercicio de derechos políticos», argumentan.

MONOGRAFÍA // «Nadie diría que una salida a un hospital de un preso ‘desactivaría la prisión provisional’, ni tampoco asistir a un funeral», sostiene el abogado de Junqueras, Andreu van den Eynde. El recurso apela a una monografía del actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que «tan acertadamente defiende la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria».

Por su parte, las exdiputadas de la CUP imputadas en la causa por rebelión, Anna Gabriel y Mireia Boya, han presentado un escrito en el que niegan la competencia del Supremo para investigarlas y apelan a una supuesta falta de imparcialidad.