Cuando la pieza abierta por el audio en el que Corinna zu Sayn-Wittgenstein atribuía al rey Juan Carlos un presunto cobro de comisiones ilegales en Arabia Saudí fue archivada por la inviolabilidad de la que gozaba como jefe del Estado, parecía que el panorama judicial del monarca emérito quedaba despejado. Pero, pese al archivo, las pesquisas siguieron por parte de la fiscalía suiza y de la Fiscalía Anticorrupción española, centradas no en Juan Carlos I, sino en esas presuntas mordidas.
La Audiencia Nacional remitió a la justicia helvética todos los datos que tenía en relación con las palabras de la examiga del Rey, por si podían ser constitutivas de algún delito. Fruto del trabajo de la fiscalía suiza se ha conocido la presunta donación de 65 millones de euros que el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz, que murió en el 2015, habría ingresado en la fundación Lucum, de la que Juan Carlos aparece como beneficiario. El comunicado en el que su hijo renuncia a la herencia que le pueda corresponder da por buena tanto la existencia de esa fundación como de una segunda, Zagatka. Anticorrupción, a cuyo informe se agarró el entonces instructor del caso Villarejo, Diego de Egea, para archivar la pieza que podía afectar al rey emérito, abrió enseguida una investigación centrada en los 80 millones de euros que, según le contó Corinna al excomisario José Manuel Villarejo en el 2015, se habrían entregado a la mujer de un empresario saudí para dar a otro empresario, quien a su vez le habría dado todo o parte a Juan Carlos I.
A la investigación inicial de la fiscalía española por delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho se ha sumado el de blanqueo de capitales.
El rey Juan Carlos perdió su inmunidad al abdicar en el 2014, momento en el que a pesar de ello conservó el fuero ante el Tribunal Supremo. Eso significa que si Anticorrupción halla indicios de que ese delito se siguió cometiendo después de que perdiera la inviolabilidad, deberá remitir las actuaciones a la fiscalía del Supremo para que interponga una querella.
Respecto a este tema, Pedro Sánchez, apoyó ayer las medidas del monarca. «Son necesarias y coherentes con las actuaciones tendentes a la transparencia y la ejemplaridad que, durante el reinado de Felipe VI, se han venido impulsando desde la Casa del Rey», afirmó el presidente. El presidente admitió, en la rueda de prensa telemática de ayer tras el Consejo de Ministros, que el gesto de Felipe VI «es una cuestión que, evidentemente, ha sobresaltado a la opinión pública», pero, mostró su apoyo y el de todo el Gobierno a la decisión.H
