Junts per Catalunya y ERC han decidido no alargar más la agonía de los catalanes. Casi cuatro meses después de las elecciones del 21-D, en las que el independentismo mantuvo con muchos esfuerzos su mayoría absoluta en el Parlamento catalán, los dos principales partidos acordaron ayer hacer lo necesario para no volver a pasar por las urnas. Si Jordi Sànchez no puede ser el próximo presidente de la Generalitat, como apuntan todos los indicios, propondrán a un candidato efectivo para la investidura.

Los principales partidos independentistas tienen poca confianza en el éxito de Sànchez, que formalmente sigue siendo el aspirante. «El martes irá a declarar ante el Tribunal Supremo como candidato a president», aseguraron ayer desde JxCat. Pero son conscientes de la dificultad de que el juez Pablo Llarena lo deje en libertad para asistir al Parlamento.

Si se confirma que Sànchez no puede ser un candidato efectivo, JxCat y ERC acordaron que Carles Puigdemont proponga a un nuevo aspirante en 48 horas, según confirmaron fuentes de la negociación. En todo caso, los independentistas seguirán teniendo el problema de la CUP, que considera el pacto entre las principales fuerzas independentistas «autonomista» y «neoliberal».

La primera opción es convencer a los antisistema de que al menos dos de sus diputados voten al candidato que propongan JxCat y ERC. Si no es posible, Puigdemont y Comín podrían dejar sus escaños, como se planteó de manera informal durante la reunión del grupo parlamentario de JxCat el miércoles en Bélgica.

¿Y cuánto falta para agotar la vía Sànchez? Primero debe solventarse el recurso que el hoy reo del Centro Penitenciario Madrid 5 interpuso el pasado lunes por el que reclamaba poder abandonar el recinto para asistir a su sesión de investidura. Sànchez comparecerá el martes ante Llarena para sustentar su petición. El magistrado fallará, se supone, el miércoles a lo más tardar.

Si la resolución es negativa, como se barrunta, los abogados del diputado acudirán a la justicia internacional. En concreto a las Naciones Unidas, y no al Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) como se había especulado en las últimas fechas. La demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU hará compañía a la que se depositó el 2 de marzo a cuenta de los impedimentos del Estado a la investidura de Puigdemont.

En el fondo es ese el objetivo de nombrar a Sànchez como presidenciable: acumular casos de diputados electos en sufragio universal, en elecciones con todas las garantías, a los que un Gobierno aplica «restricciones injustificadas» a sus derechos políticos, según expresó el abogado del expresidente, Ben Emmerson, cuando presentó la demanda. La vía del TEDH tenía a favor que garantizaba una más o menos rápida resolución, dos días. La de la ONU no tiene plazo fijado

En el acuerdo entre JxCat y ERC también se detalla la estructura del próximo Gobierno de la Generalitat, con trece consejerías. El grupo de Puigdemont controlaría Presidencia, Interior, Gobernación, Empresa, Cultura y Territorio, además de la presidencia del Govern, mientras que los republicanos se quedarían con la vicepresidencia y el resto de departamentos. Enseñanza pasa a manos de ERC

Entre tanto, continúan los movimientos internos en el independentismo. Junts per la República es el nombre elegido, explicaron a Efe fuentes conocedoras de la iniciativa, para bautizar la asociación impulsada por diputados independientes de JxCat, que cobran así relieve en un grupo parlamentario que comparten con miembros del PDeCAT. La asociación, que ya está registrada, tiene previsto celebrar pronto su asamblea constituyente.