El ayuntamiento de Cádiz, regido por José María González Santos ‘Kichi’ (Adelante Cádiz, afín a Podemos), estudia las fórmulas legales para reclamar a la Iglesia el IBI de todos aquellos inmuebles de su propiedad no dedicados al culto o la enseñanza, a fin de que la institución “arrime el hombro” junto al resto de la sociedad en plena crisis social y sanitaria por el coronavirus. Una medida, justifica el regidor, que busca “implicar a la iglesia en este esfuerzo descomunal que está haciendo la sociedad gaditana” y en el que ya están involucrados diversos estamentos y organismos de la ciudad. “Hay que ir más allá y que no sólo las administraciones y la ciudadanía sean las que arrimen el hombro”, insiste el regidor.
Fuentes municipales explican que el área de Economía y Hacienda ya se encuentra trabajando con otras administraciones de diferente signo político para establecer los cauces y las vías administrativas necesarias a fin de poder emitir los recibos, consultando con otros ayuntamientos que ya lo intentaron sin éxito. Aclaran que hasta que no se emitan esos recibos, no se podrá tener una estimación de la cantidad a reclamar o del total de inmuebles afectados, ya que los registros que manejan podrían estar obsoletos y la cifra podría variar al alza o baja.
Unos 200.000 euros anuales
En este sentido, el conteo “más reciente” es un informe municipal del año 2012 que cifró en 17,4 millones de euros el valor catastral de los inmuebles “dependientes” de la Iglesia en Cádiz. Una cantidad que supondría tener que abonar 194.631 euros anualmente a las arcas municipales. En la misma línea, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de ese mismo año calculaba que la Iglesia tenía repartidos por toda la comunidad andaluza 2.159 inmuebles que no tributaban, con una cuota íntegra de 6,676 millones de euros, y que otras confesiones tienen 99 fincas exentas, con una cuota de 506 millones.
El precedente de Getafe
La idea del alcalde morado, que Adelante Andalucía ya pide extender a otros municipios, es requerir el pago sólo de aquellos inmuebles que no tengan fines religiosos o educativos. Una propuesta avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2017 resolvió en favor del Ayuntamiento de Getafe cuando éste reclamó a las Escuelas Pías unos 26.000 euros en concepto de Impuesto de Obras, Instalaciones y Construcciones (ICIO). Ese fallo insistía en que la Iglesia católica está obligada a pagar tributos en actividades que comporten rendimiento económico y su exención es considerada una ayuda de Estado expresamente prohibida por el Tratado de la UE. Para el Consistorio, este fallo sienta precedente y podría extenderse a otros impuestos, por lo que de nada valdrían los alegatos lanzados por el Obispado recordando que se cumple escrupulosamente el Acuerdo entre España y la Santa Sede, que deja exentos de IBI los inmuebles dedicados al culto, residencia de sacerdotes, oficina de la Curia o la enseñanza, pero no aquellos destinados a la explotación económica o comercial.
De esta forma, el ayuntamiento tendría anclaje legal para gravar, por ejemplo, todos los apartamentos, locales o garajes donados a la Iglesia pero que no tienen actividad religiosa y que actualmente se rentan o permanecen vacíos desde hace años. Es decir, propiedades que generan rendimientos lucrativos. Una vez que se emitan los recibos, el Obispado de Rafael Zoronoza tendría que decir si pagar o no la tasa, y en este caso, acudir a los juzgados de lo Contencioso Administrativo para no acumular recargos, lo que forzaría un pronunciamiento judicial sobre este asunto. Un escenario que, además, causaría un serio problema de imagen al Obispado al presentarse como una institución que no quiere colaborar con la ciudad en una de las peores crisis sociales y sanitarias.
González Santos justifica la intención de gravar a la Iglesia en el paquete de medidas económicas y actuaciones extraordinarias emprendido por el Consistorio, como el reparto de alimentos o la ayuda de 90.000 euros para colectivos vulnerables aprobadas en los primeros días de confinamiento, y en la necesidad de repartir el esfuerzo que se está haciendo para combatir el coronavirus, a fin de que el decreto de alarma repercuta sobre la ciudadanía lo menos posible. Un paquete de medidas que genera “un gasto, una inversión o un descenso de los ingresos que asumimos por coherencia, responsabilidad y solidaridad con nuestras vecinas y vecinos”. “Ante una situación de crisis como la que nos encontramos y en la que la población más vulnerable y las pymes son las que más se van a resentir cuando la superemos, debemos implicar al conjunto de la sociedad, entre los que se encuentra la Iglesia en el esfuerzo descomunal que está haciendo la sociedad gaditana”.
Todas las administraciones, indicó González Santos, están haciendo un sobreesfuerzo “humano, material y económico para paliar o minimizar las consecuencias económicas presentes y futuras, y es por esto que entendemos que todos los sectores de la sociedad deben arrimar el hombro” y “reforzar la solidaridad que se ha generado en la sociedad ante la crisis para la sociedad pueda salir lo antes posible de ella”. “Sobreesfuerzo en el que creemos que otros estamentos deben colaborar como es el caso de la Iglesia”, concluye.
