El juez del Supremo Pablo Llarena no tiene mucho margen para tratar de impedir lo que ya parece inevitable: que Alemania rechace la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión. Pero, como ya anunció nada más trascender la resolución germana que excarcelaba al expresidente, quemará su último cartucho con una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpondrá cuando la decisión definitiva de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein esté en sus manos.

Solo en ese momento, cuando le llegue la hora a él de pronunciarse sobre Puigdemont, puede interponerla. Las cuestiones prejudiciales no son un recurso contra una decisión que no se comparte sino la manera que tienen los magistrados europeos de tratar de resolver las dudas que se les plantean cuando deben dictar una resolución, recuerdan fuentes jurídicas.

Tanto en las extradiciones como en las entregas por euroorden si el país que las concede rechaza hacerlo por algún delito, el entregado no podrá ser juzgado por él. Así que si Alemania finalmente rechaza la entrega de Puigdemont por rebelión, no podrá ser juzgado en España por este delito. El agravio que ello supone respecto a los procesados que no huyeron de España ante los requerimientos judiciales quedará en cierto modo conjurado con la presentación de la cuestión prejudicial ante Luxemburgo, ya que supondrá la paralización del procedimiento en lo relativo al expresident desde que se admita a trámite.

Por ello lo que afecte a Puigdemont se incluirá en una pieza separada que aguardará la resolución del TJUE, mientras que el procedimiento contra los demás líderes del procés seguirá avanzando hacia la celebración del juicio. Serán las acusaciones personadas, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, las que determinen por qué delitos se sientan finalmente en el banquillo, a través de los que incluyan en sus escritos de acusación. En el hipotético caso de que ninguna planteara la rebelión y se limitaran a acusar por conspiración para la rebelión, sedición, malversación y desobediencia, o cualquier otro, no se les juzgaría por el polémico delito.

REUNIÓN DE FISCALES / Mientras tanto, fiscales españoles se han reunido hoy con sus homólogos alemanes en La Haya para ayudarles a preparar la defensa de los intereses procesales españoles que en este caso pasan por la entrega de Puigdemont, para lo que es necesario complementar la información relativa al delito de malversación, como solicitó la propia Audiencia de Schleswig-Holstein. Este tipo de encuentros son habituales en este tipo de procedimientos y se producen con cierta regularidad. De hecho, fuentes jurídicas señalan que fiscales y jueces de la Audiencia Nacional se desplazan con frecuencia a la sede de Eurojust para defender los requerimientos que dirigen.

ESCOCIA, PARA AGOSTO / El tribunal de Edimburgo que analiza la euroorden presentada por España para la entrega de la exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí no tomará una decisión sobre la extradición al menos hasta el próximo mes de agosto. Su abogado, Aamer Anwar, confirmó que el tribunal había pedido más tiempo para resolver el futuro de Ponsatí. Así, se han fijado nuevas vistas preliminares para el 15 de mayo y el 5 de julio, y la vista de extradición para el 30 de julio.

Por su parte, la justicia belga fijó ayer la audiencia en primera instancia sobre la euroorden de España contra los exconsejeros huidos Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig para el próximo miércoles 18 de abril, según informó a través de un comunicado la fiscalía de Bruselas. Todos los exconsejeros se encuentran en libertad pero no pueden salir de los respectivos países.