Para que el juicio del procés, con doce acusados, nueve de ellos presos, y más de medio millar de testigos, cumpla el calendario previsto por el Tribunal Supremo y no invada la campaña electoral de mayo, el magistrado que lo preside, Manuel Marchena, tiene que saber manejar las sesiones con la suficiente mano dura para evitar repeticiones innecesarias y cualquier otra pérdida de tiempo. Y eso sin prescindir de ser lo suficientemente atento como para que nadie dude del trato recibido por los reos de un procedimiento sobre el que están puestos los ojos de todo el mundo.

Durante las tres primeras sesiones del juicio, el presidente de la Sala Segunda ha conjugado ambas cualidades para dejar claros los márgenes por los que va a discurrir una vista oral que se retransmite en streaming a través de la web del Poder Judicial y que se acabará estudiando en la carrera de Derecho.

Durante la primera semana de juicio han pululado dos tipos de público claramente diferenciados por los pasillos del Tribunal Supremo: familiares o compañeros de los independentistas acusados y fans de Vox. Pese a estos últimos, en general las intervenciones del que estuvo a punto de presidir el Supremo y renunció tras el vergonzoso whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, han sido valoradas positivamente, sobre todo las que han cercenado de raíz los únicos intentos de la acusación popular que ejerce Vox por tener un minuto de gloria a cuenta del juicio.

Uno de ellos consistió en tratar de dar lectura a las preguntas que había preparado para el principal acusado de rebelión, el líder de ERC, Oriol Junqueras, que se negó a responder a ninguna de las acusaciones, y otro cuando quiso impedir que el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, luciera un lazo amarillo.

Marchena, que previamente rechazó expulsar al partido del juicio, no dejó a su secretario general, Javier Ortega Smith, ni terminar la petición de que quedara constancia de sus preguntas y tiró de juridisprudencia europea para permitir los símbolos religiosos e ideológicos a los acusados. Como ninguno de ellos tiene intención de responder a las preguntas de esta acusación, el altavoz que podría suponer para Vox el juicio se ha quedado en declaraciones en la calle. Al menos hasta que no lleguen los testigos, obligados a responder a todas las partes.

El tono de Marchena ya se había dejado sentir en la sala, a la hora de rectificar y admitir pruebas que hasta ahora había rechazado o de ratificarse en la inadmisión, como ocurrió con el testimonio del Carles Pugdemont. «Seamos serios», dijo a los abogados. En el procedimiento español, señaló, «no se puede ser testigo por la mañana y acusado por la tarde».

No les convenció, aunque apeló incluso a su profesionalidad. Tuvo que ponerse duro para anunciar que no permitirá «estrategias dilatorias» y recordarles que sus clientes son los primeros interesados en que haya sentencia cuanto antes al estar en prisión preventiva.

Hasta frenar de raíz las protestas de las defensas con un «esto se ha acabado», había tenido tiempo de disculparse con la exconsellera Dolors Bassa por haberla llamado Dolores. Más tarde se preocupó por la espalda del exconseller Joaquim Forn por ponerse de «escorzo» para mirar a la abogada del Estado. Un trato tan llamativo que hasta hubo quien lo comentó con los acusados, aunque estos no estaban tan impresionados. «También era muy educado Pablo Llarena y mira dónde estamos», dijeron.

Las defensas no fueron las únicas a las que el magistrado dio un toque de atención en algún momento. El jueves cuando, una vez resueltas las cuestiones previas, empezó el juicio propiamente dicho con las declaraciones de los acusados, hubo dos momentos en los que Marchena se vio obligado a intervenir tanto ante el fiscal Fidel Cadena como ante la abogada del Estado Rosa María Seoane.

Declaraciones limitadas

Ninguno tuvo su mejor día y ambas situaciones fueron similares. En las dos el representante de la acusación pública se obcecó tratando de que el acusado le contestara lo que quería oír y, olvidando que aún queda mucho juicio por delante, se enceló con una cuestión concreta: el fiscal, con una mala traducción del catalán y Seoane, con el pasillo para que pasara la comisión judicial durante los registros de la Conselleria de Economia el 20 de septiembre del 2017. Y más cuando la valoración de la carga probatoria o no de su declaración depende en última instancia del tribunal.

Sin querer restar mérito a la actuación de Marchena en la primera semana de juicio, fuentes jurídicas advierten de que la parte en la que declaran los acusados es más sencilla de manejar que otras ya no tan lejanas, como puede ser la testifical. Con los primeros los tribunales suelen ser muy generosos, como se comprobó con Junqueras, pero con los testigos será distinto, porque su testimonio se limitará exclusivamente al motivo por el que han sido llamados. Evitar que las partes se excedan volverá a poner a prueba al presidente de la Sala.