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JUICIO DEL 'PROCÉS'

Marchena: "Usted no viene a explicar su grado de alucinación o su estado febril, sino a contestar al letrado"

Un responsable sindical desmiente a los acusados y relaciona ante el tribunal 'Escolas obertes' con el 1-O.El juez llama la atención por hacer perder el tiempo disertando con el sistema pedagógico

 

Los acusados con sus abogados en el juicio al procés en el Tribunal Supremo. - EL PERIÓDICO

ÁNGELES VÁZQUEZ
14/05/2019

Al presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, le ha costado perder la paciencia. Han sido necesarias 44 sesiones del juicio y los testigos propuestos por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, con su tono pedagógico sobre principios democráticos, para que estallara. A uno le amenazó con responsabilidades penales si seguía haciendo perder el tiempo al tribunal; a otra le pidió que se guardara su guión y sus valoraciones sobre "su grado de alucionación o su estado febril", y a otro le recordó que como testigo no podía hablar catalán y que como abogado debería saberlo.  

Todo empezó con Ramón Font, portavoz del sindicato de enseñanza USTEC STEs (IAC), que respondió con un contundente "por supuesto" a la pregunta de si el proyecto de 'Escolas obertes' con el que se mantuvieron abiertos los colegios el fin de semana del 1-O obedecía al referéndum ilegal. Sin darle ninguna importancia había desmintido la versión ofrecida por los acusados y el resto de testigos que hasta ahora habían comparecido ante el tribunal. Habían desvinculado las chocolatadas, butifarradas y otras actividades con la que los colegios se mantuvieron abiertos el fin de semana de la votación ilegal. 

El representante sindical se permitó introducir valoraciones como que "si el 1 de octubre se hubiera podido ejercer el derecho a la autodeterminación la iniciativa no tendría sentido", pero ejercieron su "derecho a la autodeterminación y también a la manifestación y a la reivindicación pacífica y no violenta", al entender que "uno de los poderes del Estado impedía ese derecho, lo deslegitimó".

"LA FIEBRE NO TIENE TRASCENDENCIA JURÍDICA"


Pese al tono del testigo, Marchena no intervino hasta que la abogada del Estado le preguntó por la "ocupación" de los colegios y Font se revolvió y detalló el mérito pedagógico del acercamiento del centro al alumno. Entonces el juez le recordó su obligación a contestar la pregunta formulada "sin hacer perder tiempo" al tribunal. Cuando el testigo le replicó, el juez le respondió que ello puede tener "trascendencia jurídica".

El incidente pareció agotar la paciencia del presidente del tribunal, porque con la profesora de Filosofía Marina Garcés ya tuvo mucha menos. "Usted no viene aquí y, si es profesora de filosofía, lo entenderá que no viene a explicar su grado de alucinación o su estado febril (en referencia a que en la primera pregunta había intentado introducir que el 1-O tenía décimas), sino a contestar al letrado a lo que le ha preguntado. No tiene ningún interés su valoración personal", la regañó.

El abogado de Cuixart, Benet Salellas, protestó, al entender que a los policías del 1-O que declararon ante el tribunal "se les dejó expresar su percepción", pero a sus testigos no. El presidente del tribunal le respondió que una cosa son "las percepciones sensoriales y otra la percepción sobre la alucinación". La testigo había sido interrumpida cuando calificó de "triste" la prohibición del 1-O realizada por el Tribunal Constitucional, un extremo que a todas luces excede el objeto del juicio que se sigue en el Supremo.

A continuación Marchena comprobó que la testigo leía unas notas y le prohibió hacer uso de ese "guión", no permitido a los testigos. La que en ese momento ocupaba el estrado todavía pudo criticar la "violencia estatal" y la ruptura de la confianza que también rompen las porras, pero el magistrado no la dejó explicar una rueda de prensa que ofreció sobre la actuación policial el 1-O. 

Cuando el siguiente testigo, el abogado Lluís Matamala, quiso declarar en catalán, Marchena le dijo que como letrado debía conocer la Ley de Enjuiciamiento Criminal que solo lo prevé para los acusados en los juicios que se celebran en el Supremo, ubicado en Madrid, donde no es lengua oficial. El testigo trató de rebatirle, por lo que el magistrado le amenazó con la expulsión y las consecuencia penal y disciplinaria que ello le pudiera acarrear.