Tras recibir un nuevo respaldo del presidente del Gobierno, Fernando Grande-Marlaska reiteró ayer en el Congreso su decisión de no dimitir, aguantando las gruesas imprecaciones que la oposición le lanzó por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos tras no informar a sus mandos del estado de investigaciones sobre el 8-M.

El titular de Interior reiteró en la sesión de control al Gobierno: «Este ministro ni nadie de su equipo pidió ningún informe a la Guardia Civil, ni tomar conocimiento de informe alguno».

Así respondió a las invectivas de la diputada popular Ana Belén Vázquez: «Me resulta increíble verle sentado ahí perdiendo su dignidad (...) Usted ya hoy no es un ministro sin prestigio, es un ministro acabado». Rompiendo el silencio sobre el proceder del coronel cesado, Marlaska tiró de otro argumento. Vázquez le había preguntado por las filtraciones de un atestado preliminar sobre el 8-M. Y el ministro le contestó: «Ha dado de lleno en el núcleo central: se pidió ante esas filtraciones una indicación de lo que había ocurrido y por qué se había omitido a la cadena de mando esa circunstancia».

Un escrito del general Laurentino Ceña, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, tras el cese es ahora la esperanza de la oposición. El líder del PP, Pablo Casado, citó la expectativa: «Queremos ver la carta de dimisión del DAO, va a ser muy interesante», le dijo a Sánchez.

Y Sánchez le replicó: «Ustedes atacan al ministro del Interior porque colabora con la justicia para acabar con la policía patriótica que pusieron en marcha».

Para Edmundo Bal (Cs), en la Guardia Civil «serán recordadas las purgas de Marlaska». E Ignacio Gil Lázaro (Vox), le tildó de «tramposo, inmoral y cobarde» por «cesar a un militar de honor».

Contestándoles, el ministro recuperó su primera versión del cese. «Se enmarca en la remodelación de equipos» en la Guardia Civil además de en «la pérdida de confianza». Y subrayó la gravedad de las filtraciones de investigaciones policiales porque «causan indefensión, y juicios paralelos y son delito», aseveró.