El hombre que ejerció como guardia hortelano del pazo de Meirás hasta 1990 será el encargado de abrir hoy la ronda de testimonios del juicio histórico que acogerá el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña y que determinará quiénes son los legítimos propietarios de la residencia oficial de veraneo del dictador Francisco Franco. Transcurridos 45 años de la muerte del militar golpista, sus herederos y el Estado se enfrentan en los tribunales por la propiedad de este inmueble, que fue adquirido en plena Guerra Civil mediante cuestaciones, en muchos casos forzosas, recortes en nóminas de funcionarios y aportaciones públicas y que los herederos del sátrapa han puesto a la venta por ocho millones.

¿Cómo se adquirió el pazo de Meirás? ¿Fue un «regalo» o un «expolio»? La Abogacía del Estado ha solicitado el testimonio de varios historiadores y vecinos de Sada para probar que el pazo fue adquirido «mediante donaciones no voluntarias, aportaciones públicas y recortes en nóminas de funcionarios». Los abogados de la familia Franco afirman que la aportación de la Administración fue «testimonial», argumentan que no se pueden probar los descuentos forzosos en las nóminas y no entran a valorar las coacciones a particulares.

La Abogacía defiende que el pazo de Meirás es propiedad del Estado por usucapión debido a que funcionó durante cuarenta años como residencia oficial del jefe del Estado. Se trataría, incide, de un bien de dominio público y, por tanto, imprescriptible. Es decir, que la familia Franco no podría hacer valer su uso de forma continuada para reclamar su titularidad porque el pazo no perdería nunca su condición de bien público. Para refrendar este argumento, la Abogacía aportará documentos con los que pretende acreditar que este inmueble se «gestionaba de forma idéntica al Palacio del Pardo».

Los abogados de la familia Franco replican que el Estado solo asumió el coste «que se derivaba del uso público como residencia del jefe del Estado», pero que los gastos como «propiedad inmobiliaria» fueron asumidos por Franco e incorporados a sus declaraciones de la renta.