El reparto de áreas entre el PSOE y Podemos en el nuevo Gobierno de coalición ya está cerrado. Los ministros socialistas, a diferencia de los morados, no se conocerán hasta la semana que viene, pero la división de tareas entre los socios está delimitada. La de memoria histórica, una de las más jugosas, seguirá recayendo en el PSOE, según fuentes de la Moncloa, que ya tiene diseñadas las primeras acciones.

Tras la exhumación de Franco el pasado octubre, los socialistas quieren que las políticas de memoria sean uno de los ejes de la legislatura, abordando la reforma de la ley, la resignificación del Valle de los Caídos, un nuevo impulso económico a las exhumaciones y la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

Fuentes socialistas indican que, durante las conversaciones con Podemos, la memoria fue un área reiteradamente reclamada por sus socios, pero en vano, al contrario que en pasadas negociaciones de coalición. Tanto en Andalucía, con IU, como en la Comunidad Valenciana, con Compromís, el PSOE cedió.

El plan del Gobierno, explican las mismas fuentes, beberá de lo meditado por el Grupo Federal de Memoria del PSOE -lo constituyeron en junio de 2015 los dirigentes Micaela Navarro y Antonio Pradas, y creció en 2017, con la llegada de José Luis Ábalos en la Secretaría de Organización- en reuniones celebradas a lo largo de 2019.

El nuevo Ejecutivo retomará las enmiendas del PSOE para reformar la ley de memoria histórica, que en julio quedron en vía muerta en el Congreso. La reforma «es necesaria para llevar a cabo las demás medidas», indican las mismas fuentes.

Aluden a obstáculos jurídicos para ilegalizar la Fundación Franco. A partir de un renovado artículo 15 de la ley, el que trata la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura, se llevará al Congreso «una actualización de la Ley de Fundaciones y Asociaciones, para eliminar las fundaciones que hagan esa exaltación e impedir que vuelvan a constituirse», explica el abogado Eduardo Ranz, asesor del Ministerio de Justicia en el área de Memoria la pasada legislatura.

La reforma de la ley, aseguran otras fuentes socialistas, pasará además por dotarla de un cuerpo sancionador que le dé capacidad coercitiva (sobre todo, ante ayuntamientos y funcionarios que entorpezcan su aplicación), hacer expresa la nulidad de sentencias franquistas e introducir la memoria en los currículos escolares.

Secretos oficiales

Las fuentes consultadas no aclaran si la actual Dirección General de Memoria elevará su rango a secretaría de Estado, pero sí tienen clara la primera medida de resignificación del Valle de los Caídos: sacar a los benedictinos que lo custodian de su patronato e incluso del propio lugar. La otra medida clave será el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera a un lugar de no preeminencia.

Para más adelante en la legislatura se prevé adaptar la ley de secretos oficiales a la ley de memoria, y antes un decreto para fijar el 31 de octubre como día de las víctimas del franquismo, y el 8 de mayo pararecordar el exilio. Y también un impulso, con presupuesto específico, del Plan de Exhumaciones en fosas comunes que dejó pergeñado el exdirector general, Fernando Martínez.

En la importancia que tendrá el área de memoria para el nuevo Gobierno se enmarca un viaje al exterior del presidente, de momento solo propuesto, pero en el que mostró gran interés Pedro Sánchez el pasado abril: una visita al campo de Mauthausen el 5 de mayo, como ya hiciera la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Por este viaje también se interesó José Luis Ábalos.