Hacienda remitirá "inmediatamente" al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la información requerida por este al ministro Cristóbal Montoro en relación a su vigilancia sobre las cuentas de la Generalitat con el fin de evitar el uso de dinero público en el referédum del 1 de octubre. "La información que tenemos es que no se ha utilizado ningún euro de dinero público" en el procés, ha afirmado este viernes el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. No obstante, ha subrayado que corresponderá al juez calificar si hubo o no malversación en la Generalitat, con los datos de Hacienda y de la Guardia Civil sobre la mesa. Los informes de esta última apuntan la posible utilización de 1,9 millones de euros de dinero público en actividades vinculadas al referéndum.

Méndez de Vigo se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado 5 de julio anuló una disposición del Presupuesto de la Generalitat del 2017 donde se incluía una partida de más de cinco millones para la celebración del referéndum. "A partir de ahí, todo ha estado intervenido por el Gobierno", ha dicho el ministro portavoz, en alusión a la "intervención contable" practicada por Hacienda antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, el 27 de octubre.

"Esto es lo que le vamos a remitir al juez" -ha dicho-, y será él quien se encargue de "ver la verosimilitud de esa información contable. Según el ministro portavoz, la posterior "calificación jurídica" de los hechos la tendrá que hacer el juez utilizando la información del Gobierno y la proporcionada por la Guardia Civil.

La afirmación del ministro portavoz refuerza la idea que mantiene el ministro Montoro de que, desde un punto de vista contable, no ha habido ninguna factura pagada para el 1-O, si bien deja la puerta abierta a que los datos aportados por la Guardia Civil se puedan explicar por la falsificación de algunas de ellas. "Habrá que ver cuál es la calificación jurídica que hace el juez con la información a su disposición", ha añadido el ministro portavoz, que ha evitado valorar si el ministro Montoro se ha excedido en sus manifestaciones negando con rotundidad la utilización de dinero público en el procés.

Ciudadanos, al acecho

El presunto delito de malversación, por la posible utilización de dinero público en la financiación del 1-O, que investiga el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha abierto una nueva vía de enfrentamiento entre el PP y Ciudanos. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha sugerido que pedirá la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si se demuestra que no son ciertas sus afirmaciones negando la utilización de dinero público en el 'procés'.

"Triquiñuelas" y "métodos torticeros"

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, defendió este viernes que "la duda no puede estar en el Gobierno de España" sobre la posible malversación de fondos en el referéndum del 1 de octubre y que, en todo caso, hay que ver si los independentistas encontraron "alguna triquiñuela" para sobreponerse al Estado de Derecho con "métodos torticeros".

Así se pronunció en rueda de prensa en la sede nacional del PP cuando fue preguntado si considera que el ministro Montoro se equivocó al decir que tiene la certeza de la ausencia de gasto público en la organización del 1-O. Esa afirmación ha motivado que el juez Llarena haya solicitado una providencia en la que solicita al propio ministro que el informe sobre el "soporte objetivo concreto" de sus declaraciones. El propio Montoro, a través de un comunicado, evidenció este miércoles que se alegraba de tener por fin la oportunidad de hacer llegar al Alto Tribunal cuanta documentación poseía en torno a los gastos públicos de la Administración catalana y las inyecciones de liquidez desde el Fondo de Liquidez Autonómica, entre otras cuestiones.

Maroto defendió este viernes el "extraordinario esfuerzo" del Gobierno de España y de Hacienda, en particular, para controlar los fondos públicos en la "situación excepcional" que ha vivido Cataluña. "La duda no puede estar en el Gobierno de España, sino en si a pesar de todos los instrumentos y herramientas técnicas y jurídicas que existen en el Estado de Derecho, los independentistas han encontrado alguna triquiñuela" para malversar fondos públicos, según el vicesecretario general del PP.