El Gobierno ha reconocido que la exhumación de los restos de Franco se podría prolongar más allá de las elecciones del 28 de abril. «Hemos llegado al final del procedimiento administrativo», y ese procedimento «ha sido más largo de lo que este Gobierno imaginó al principio», reconoció la ministra portavoz, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra subrayó tres veces que el procedimiento seguido por el Gobierno «ha sido absolutamente garantista», y comentó que las víctimas del franquismo no gozaron nunca de «tantas garantías» como disfruta la familia del general.
Los restos de Franco no son los únicos en litigio para salir del Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno, tiene ya reconocidos 16 derechos de exhumación en el Valle a 13 familias. Hay además cinco peticiones pendientes, que se han de resolver en sucesivas reuniones del consejo de administración de Patrimonio Nacional.
Entre las últimas peticiones aceptadas están las de las familias de siete republicanos de Pajares de Adaja (Ávila), fusilados en 1936 y arrojados a un pozo en la carretera de Aldeaseca, en la misma provincia. En marzo de 1959, una semana antes de la inauguración del Valle de los Caídos, sus cuerpos fueron sacados y trasladados al monumento. En estos días, las familias abulenses pasan el trámite de la toma de muestras de ADN.
Entre los fusilados de Pajares estaba Valerico Canales, padre de Fausto, uno de los primeros particulares en reclamar el derecho de exhumación. Canales busca a su padre y a su tío Victorino, al que se llevó al frente una leva franquista de la Guerra Civil y que cayó en Brunete (Madrid) el 8 de enero de 1937. Sus huesos fueron sacados del cementerio militar de Griñón (en la misma provincia) y llevados también al Valle en 1959.
A Canales le fue reconocido el derecho de exhumación de su tío bajo el Gobierno Rajoy, el 31 de mayo de 2018.
