El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras fue categórico al negar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que se hubiera dedicado un euro del presupuesto al proceso secesionista. En concreto, de las partidas presupuestarias anuladas por el Tribunal Constitucional en su día, según precisaron fuentes jurídicas. Su forma de desmarcarse del delito de malversación de caudales públicos por el que, junto al de rebelión, fue procesado por declarar la independencia de Cataluña había sido previamente refrendada nada menos que por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Ayer, Montoro dijo en una entrevista en El Mundo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Pero sé que no con dinero público». Sus palabras dejan en entredicho el único delito por el que todo apunta a que el expresidente sea entregado a España y son cuando menos cuestionables cuando hay una investigación secreta abierta al respecto. El auto de procesamiento dictado contra los líderes del procés cifra en 1,6 millones el dinero público desviado.

Pero, según el ministro, «la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo», un coste que ni se menciona en el auto a la hora de fijar la fianza en concepto de responsabilidad civil. Añadía que desde que Hacienda intervino la autonomía solo habría sido posible el desvío por un delito de falsedad de un funcionario conchabado con algún proveedor.

Más allá del espaldarazo que las palabras del ministro suponen a esta línea de defensa de los procesados por malversación, tanto Junqueras, como el último candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, coincidieron en negar la violencia y en asegurar que se criminaliza la movilización ciudadana y la búsqueda de la independencia de Cataluña con una causa que responde a «razones ideológicas».

En este sentido, Sànchez reprochó al juez Llarena que en sus autos utilice la primera persona del plural para situarse como «víctima» de la «estrategia» secesionista. Tanto en el de procesamiento como en el que le negó el permiso para asistir a la segunda sesión de investidura del Parlament en la que se iba a votar su candidatura, el magistrado utiliza un «sufrimos» al referirse a esa «estrategia» para declarar la independencia unilateral. Con este argumento, según fuentes presentes en la comparecencia, Sànchez explicó que no se puede ser juez y, al mismo tiempo, víctima de los hechos investigados.

Y a la vulneración de derechos denunciada por los tres procesados por ser investigados por el Tribunal Supremo, que entienden que no es el competente y que les priva de la posibilidad de una segunda instancia judicial, por no hablar de la duplicidad de procedimientos que se ha producido por los mismos hechos, el expresidente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) añadió la vulneración de derechos políticos que ha padecido por no habérsele dado permiso para asistir al Parlamento catalán.

Por su parte, Oriol Junqueras, a preguntas de su defensa, ejercida por el abogado Andreu Van den Eynde, argumentó que convocar un referéndum no es delito y sostuvo que ERC «lleva defendiendo un programa independentista desde hace muchos años y concurriendo a las elecciones» sin problema.

Sostuvo que se está «ante un conflicto político que se tiene que solucionar desde la política», porque promover la autodeterminación de Cataluña «es perfectamente legal».

Llarena continuará hasta mañana tomando declaración a los procesados por rebelión en prisión. Hoy comparecerán los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, y mañana, Jordi Turull, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Los que solo lo fueron por desobediencia o malversación han sido citados el 7 y 8 de mayo.