Ha muerto el fiscal más independiente que ha existido en España». Con estas palabras trasladaba anoche un fiscal su sentimiento al conocerse el sorpresivo fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en Buenos Aires. Llevaba toda la semana allí para participar en la asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. El viernes se sintió indispuesto y se retiró a su hotel, donde le aconsejaron que acudiera a un centro hospitalario.
La AIAMP tuiteaba este viernes una fotografía suya con la fiscal general panameña con la que resulta aún más difícil de creer lo que ha pasado (imagen anexa). Pero la procesión debía ir por dentro y, pese a ingresar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital bonaerense, la infección que le sorprendió tan lejos de su casa de Segovia pudo con él. El fiscal, de 66 años, estuvo acompañado por su esposa, el embajador de España en el país sudamericano, Javier Sandomingo y la fiscal de cooperación internacional, Rosana Morán.
También por Twitter, a través del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegaba la noticia del fallecimiento elogiando su dedicación al puesto al que le auparon no hace un año, porque no tomó posesión hasta el día 29 de noviembre. Enseguida se sucedieron las condolencias de la Casa Real, el Constitucional, los partidos, las asociaciones fiscales…
UN AÑO DE PROCESO SOBERANISTA / El Ejecutivo central destacó anoche el reconocimiento que José Manuel Maza merece «por su entrega en los últimos momentos de dificultad que nuestro país ha vivido en los últimos tiempos y que están en la mente de todos». Y es que su última aparición pública fue el 30 de octubre cuando informó de las dos querellas que presentó por rebelión, sedición y malversación contra el Gobierno de la Generalitat y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento catalán.
Se había estrenado en el cargo cuando aún parecía imposible una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Y su desaparición coincide con ocho miembros del Govern destituido en prisión y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, en libertad con fianza.
La fiscalía había solicitado ya a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela prisión para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, pese a los mensajes que desde el Gobierno y el PSOE se le hacían llegar para que lo evitara. Y volvió a hacerlo cuando le llegó el turno al Gobierno catalán y a la Mesa, aunque, como esta rectificó, no entendió necesario recurrir la libertad de sus miembros.
Muy conservador, si algo se puede decir de José Manuel Maza es que era íntegro e independiente; si creía que un delito penado con 30 años debe suponer prisión incondicional, la pedía, aunque no fuera lo más conveniente. Venía de haber sido magistrado durante 14 años de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y sabía que cuando dejara de ser fiscal general volvería allí.
BUEN TALANTE / Si los que le nombraron pensaron que no iba a ser así, debieron repasar sus sentencias o los votos particulares con los que mostró su discrepancia en el alto tribunal. Firmó uno contra la absolución del juez Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo, al entender que debía ser condenado por prevaricación dolosa, al poner el procedimiento «al servicio de sus propias intenciones subjetivas contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía o en todo caso se encontraban claramente prescritos». Pero también fue él quien rechazó la querella que se interpuso contra la hija del expresidente andaluz Manuel Chaves o el ponente de la resolución que rechazó una de las querellas contra Podemos por financiación ilegal.
Votó en contra de la sentencia del Supremo que dejaba en libertad al etarra Igancio Pujana por anulación de la doctrina Parot. Lo mismo que hizo en mayo del 2014 cuando emitió su voto en contra en la sentencia del Supremo que confirmaba la absolución del etarra Txeroki por el atentado de Denia.
También se opuso a la llamada doctrina Botín, acordada finalmente por la Sala Segunda, al entender que contradecía la doctrina hasta entonces del Supremo. Y volvió a discrepar cuando quiso admitir a trámite una querella contra el también recientemente fallecido Carlos Dívar, entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tuvo que enfrentarse a una reprobación del Congreso de los Diputados -la primera vez que le ocurre a un fiscal general en España-, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su decisión de que la fiscalía no acusara al entonces presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica, donde acabó siendo imputado, y por el nombramiento de Manuel Moix al frente de Anticorrupción.
Maza era una persona de buen talante, con sentido del humor, que solía mostrar su aprecio por su interlocutor con «un querido amigo». Quizá por eso solo quien le conocía podía entrever cómo se tomaba la vida en el comentario que hizo de «que no le generaba incomodidad» la reprobación dela Cámara baja.
Ello probablemente también intervino en la cerrada defensa que hizo públicamente de Moix, en la rueda de prensa en la que anunciaba su dimisión como fiscal jefe de Anticorrupción tras conocerse que posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá.
